Para Liliana Ortega, abogada, defensora de DD.HH. y fundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela es un desafío.
«Impone un desafío porque está en el terreno donde conviven victimas y responsables; por ello es muy importante que se pueda asegurar que las víctimas tengan un contexto adecuado para que no existan represalias; porque llegará un momento en el que se van a retirar y cuáles pueden ser las circunstancias que podrían enfrentar las víctimas», expresó.
Señaló que «es una noticia importante que está enmarcada en la cooperación que el fiscal Khan está aplicando en este proceso inédito; que presenta muchos desafíos no sólo a la Fiscalía, sino al gobierno, a las víctimas y a la sociedad venezolana».
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En entrevista para Unión Radio puntualizó que es necesario no esperar resultados inmediatos. «Seria importante que no entremos en una especie de tobogán de emociones donde estemos esperando inmediatamente soluciones automáticas de justicia penal internacional».
Ortega comentó que generar este tipo de expectativas podría ser un campo de abono «a la frustración y al desamparo y esos son elementos muy graves para enfrentar a quienes cometieron estos crímenes y para poder reparar integralmente las acciones».
Más allá de esperar resultados automáticos, Ortega añadió que lo importante es que las acciones de la corte se puedan desarrollar en Venezuela.
«En un proceso inédito donde los responsables pueden estar en el ejercicio de atribuciones, que se garantice la seguridad de las víctimas, que haya una mayor interlocución con las ONG para que este sea un proceso exitoso», manifestó.
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