Murió tras someterse a un aborto clandestino con apoyo de sus padres

Murió tras someterse a un aborto clandestino con apoyo de sus padres

Una joven de 20 años de edad, identificada como Rosmary Rusbely Palma Rodríguez; murió luego de someterse a un aborto clandestino con el apoyo de sus padres.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero, cuando la mujer llegó al Hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques, estado Miranda; con un cuadro de infección severa que se le produjo después del aborto.

La información la dio a conocer, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Detalló en su red social Instagram, que cinco personas fueron detenidas por la muerte de la joven, debido a una mala praxis al realizar el aborto.

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Las investigaciones arrojaron que los padres de la joven, Mariyuli Rodríguez Sánchez (44) y Rubén Jesús Palma Ibarra (53), llevaron a la víctima al sector Las Casitas, parroquia Guatire, municipio Zamora; para que Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren (43), le realizara el procedimiento.

Sin embargo, este resultó incompleto y generó en la joven un sangrado intenso que la llevó a la muerte.

Se conoció que los padres de Rosmary al evidenciar el sangrado que la aquejaba; se comunicaron con Álvarez Aranguren quien les notificó que debían llevarla al hospital porque Rosmay estaba séptica.

Los médicos la recibieron, intentaron controlar la infección pero no tuvieron éxito. La mujer que le realizó el aborto fue identificada como profesional de medicina, médico integral, fisioterapeuta y ginecólogo obstetra.

DESMANTELADA BANDA DEDICADA A REALIZAR ABORTOS

El Cicpc también informó que con este caso, fue desmantelada una banda que se dedicaba a ofrecer servicios de realización de abortos a jóvenes dudosas de continuar con sus embarazos; procedimientos que los hacía Ana por un precio de 120 dólares.

Los padres de la joven, la doctora y Juan Carlos Martínez Betancourt (49), Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez (23), (padre e hija), fueron privados de libertad. Todos quedaron puestos a la orden de fiscalía 30 del Ministerio Público del estado Miranda.

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