El Estado venezolano generó, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, “una paradoja institucional trágica” que ha quedado desnudada en las fallas a la atención de la emergencia generada tras el doblete sísmico del 24 de junio. “:a coexistencia de un aparato estatal hipertrofiado para el control político y la coacción, pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil”.
De esta forma se describen las razones del descalabro de la Administración de Delcy Rodríguez en la respuesta a la catástrofe en un informe de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), publicado una semana después de los terremotos.
Se construyó un Estado “fuerte para coaccionar” e “inoperante para salvar”
El reporte, titulado ‘El Estado abdicó su deber de proteger’, revisa la reacción oficial a partir de cuatro ejes: la actuación de las instituciones, los señalamientos de corrupción, el manejo de la información y el marco jurídico al que el Gobierno está obligado a sujetarse.
JEP señala que, después del proceso en el que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro (mientras la oposición reclamaba con actas en mano la victoria de Edmundo González Urrutia), se acentuó una desinstitucionalización que ha incidido directamente en la dificultad de la respuesta estatal ante la tragedia.
Al asegurar que se construyó un Estado “fuerte para coaccionar” e “inoperante para salvar”, el documento de 18 páginas agrega que “se desmanteló la meritocracia en la administración pública, se desfinanció la investigación científica y se politizaron los cuerpos técnicos de rescate”.
Ello derivó en “un Estado que posee la capacidad táctica para disolver una manifestación en minutos, pero carece de la articulación logística para instalar refugios dignos”.
Según JEP, se ha producido una “mutación del aparato burocrático”: “En lugar de actuar como un facilitador de la crisis, las instituciones se han erigido como obstáculos crueles para una población ya vulnerada”.
La ONG apunta que, además de las fallas en la atención de la emergencia en el terreno, ha habido incapacidad para garantizar un entorno digno para los damnificados y cita declaraciones de la portavoz en Ginebra de ACNUR Carlotta Wolf, quien señala que 40% de los que han perdido sus hogares permanecen a la intemperie en parques e incluso en un campo de golf.
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