Organizaciones de exiliados venezolanos en Miami celebraron este martes que una misión de la ONU haya “ratificado” sus denuncias según las cuales en Venezuela existe una maquinaría para reprimir la disidencia, que incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La abogada Helene Vilalloga, presidenta y directora ejecutiva de Amevex, una plataforma de organizaciones venezolanas en EE.UU., consideró “excelente” el informe publicado este martes por una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
La misión concluyó que los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela cometieron crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, agrega.
Villalonga dijo a Efe: “Finalmente vemos los frutos de una acción que nació en 2008 cuando denunciamos a (Hugo) Chávez (entonces presidente de Venezuela) en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por los crímenes de lesa humanidad y posteriormente se sumó a ese caso los crímenes de Nicolás Maduro (actual presidente)”.
La abogada venezolana exiliada en EE.UU. agregó que tan solo le “queda la duda de cuál será el brazo coercitivo que ejecutará una acción o aprehensión contra estos criminales”.
El exmilitar José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), subrayó a Efe que confía en que el informe “sirva para acelerar el juicio que se le sigue a Maduro y sus principales cómplices en la Corte Penal Internacional”.
También espera que Gobiernos como el de Estados Unidos “entiendan que con un régimen criminal no se negocia, sino que se le neutraliza y se busca su salida del poder con el uso de la fuerza que es como se combaten a los delincuentes de esta magnitud que utilizan el poder del estado para sus actividades ilícitas y violatoria de los derechos humanos”.
La misión de la ONU documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y 51 por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Aunque los casos denunciados ocurrieron especialmente en 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.
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