¿Por qué el TPS de El Salvador sigue vigente y el de Venezuela no? Experto aclaró las dudas

Si el Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador en Estados Unidos, continúa vigente, ¿por qué el de Venezuela fue finalizado? es una interrogante que para muchos no tenía respuesta.

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Debido a las constantes dudas y consultas que recibe semanalmente el exfiscal venezolano Rolnar Sanabria, director del Latino Institute for Security Efficiency (LISE), sobre el estatus de las protecciones migratorias en Estados Unidos, quiso aclarar las dudas.

Para Sanabria, coautor del libro Documentos Venezolanos ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos, la respuesta no responde a un trato preferencial, sino a mecanismos legales completamente distintos entre ambos casos.

Dos vías legales diferentes

El TPS de El Salvador, activo desde 2001 a raíz de los terremotos de ese año, venció el pasado 9 de septiembre sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicara una decisión de extensión o terminación dentro del plazo legal establecido, el cual vencía el 11 de julio. Ante el silencio de la ley, la extensión ocurrió de forma automática y el DHS confirmó posteriormente que la protección continúa «por ahora».

En el caso de Venezuela —cuyo TPS nació debido a la crisis política y humanitaria bajo el gobierno de Nicolás Maduro—, ocurrió una decisión activa de terminación por parte de la secretaria Kristi Noem en 2025, bajo el argumento de que ya no era de interés nacional y constituía un «efecto llamada». Aunque tribunales federales y una corte de apelaciones determinaron que dicha medida violó la ley y la Corte Suprema permitió que siguiera en efecto temporalmente mientras el gobierno apela, el litigio judicial continúa abierto.

Seguridad y realidad en terreno

El análisis de Sanabria también aborda los criterios de seguridad y las condiciones reales en ambas naciones:

• El caso salvadoreño: El Departamento de Estado clasifica a El Salvador en Nivel 1 de alerta de viaje debido a la disminución de la actividad de pandillas y crímenes violentos en los últimos tres años, situándolo en la categoría de menor riesgo. Sin embargo, dicho historial no le garantizó al país centroamericano una extensión formal por parte del gobierno estadounidense, manteniéndose en un vacío legal.
• El contexto venezolano: El experto aclaró que la terminación del TPS venezolano en 2025 ocurrió meses antes de la captura de Maduro en enero de 2026, por lo que no respondió a una supuesta normalización del país. Con corte al 31 de agosto, Foro Penal documenta 328 presos políticos detenidos —cifra distante de los 1.046 reclamados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez—, evidenciando que la represión y la falta de debido proceso persisten. Esta presión migratoria y legal también impacta de manera directa a comunidades de la diáspora, como en Doral (Florida), donde reportan operativos de ICE que afectan incluso a solicitantes de asilo.

RECOMENDACIONES PARA LOS VENEZOLANOS

Ante este escenario de incertidumbre y presión institucional, Sanabria recomendó a los migrantes venezolanos evaluar su situación de manera estrictamente individual y tomar en cuenta las siguientes pautas:

• Verificar permisos: Revisar la fecha exacta del permiso de trabajo, recordando que por orden judicial aquellos beneficiarios registrados antes del 5 de febrero de 2025 mantienen autorización válida hasta el 2 de octubre de 2026.
• Vías legales alternativas: Mantener activo el proceso de asilo como una oportunidad real de permanencia legal a pesar de las bajas tasas de aprobación (5.5% en junio según datos de TRAC), o evaluar con asesoría profesional la alternativa de aplicar al estatus de refugiado mencionado por el gobierno estadounidense.

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