El más reciente informe de la ONU reflejó que los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro; reprimen a la oposición mediante detenciones arbitrarias y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
El reporte de 122 páginas publicado este martes detalla que las funciones y aportes de varias personas en la cadena de mando de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); así como del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dependen de Maduro.
Tanto el SEBIN como la DGCIM «hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos» al menos desde el 2014. Y «las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy», agregó la misión sobre Venezuela, conocida como MIIV, en un comunicado.
El informe se basa en 471 entrevistas realizadas por la misión desde 2020 y hasta abril a víctimas, familiares, representantes legales, al menos medio centenar de personas que trabajaron para el SEBIN o la DGCIM u otras entidades del gobierno, así como representantes de ONG, entre otros.
«Opositoras y opositores al gobierno, reales o percibidos, y familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura», dijo la misión.
Entre esos actos figuran «golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; mutilaciones (…) alimentación forzada con heces y vómito», agregó.
Sostuvo que «varias fuentes (…) con conocimiento directo de los procesos de toma de decisiones dentro de la DGCIM, le dijeron a la Misión que el Presidente Maduro es quien da órdenes directas a (el general Iván) Hernández Dala (director de la DGCIM), las que se transmiten en persona o por teléfono, nunca por escrito».
El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato a una petición de comentarios.
Los perfiles de los detenidos «son claramente indicativos de que su victimización respondía a un plan. Entre las víctimas se encuentran oficiales militares supuestamente implicados en intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno, así como oficiales respecto de quienes, debido a su liderazgo, se consideraba que representaban tal riesgo», además de activistas sociales, políticos opositores o trabajadores de ONG.
El informe de la Misión también detalló que en las zonas mineras, donde el gobierno busca más ingresos, se comenten violaciones de derechos humanos. «La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante».
«Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro», añadió.
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