El buque petrolero venezolano interceptado por funcionarios militares de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a Venezuela llegará al puerto de Galveston, Texas.
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La información la han confirmado funcionarios del Gobierno de Donald Trump, quienes destacaron que el plan trazado por las autoridades norteamericanas contempla retener la embarcación una vez atraque en suelo estadounidense. Pero permitirán la salida de los marineros que se encuentran a bordo.
Durante el tránsito hacia la costa sur de Estados Unidos, el personal estadounidense ha estado realizando entrevistas a los miembros de la tripulación.
Autoridades han asegurado que se facilitará el traslado de estas personas una vez que el barco llegue a puerto. Desvinculándolas de la incautación material de la nave y su carga.
El futuro de los barriles de crudo que transporta el buque, bautizado como Skipper, pasará por los tribunales. La Casa Blanca ha sido clara en su intención de quedarse con el cargamento. Pero insiste en que se deben cumplir ciertos pasos jurídicos previos, que incluyen la recolección de pruebas y los testimonios de los tripulantes.
EEUU JUSTIFICÓ LA INCAUTACIÓN
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicó este procedimiento durante una rueda de prensa citada por NBC News. «Existe un proceso legal para la confiscación de ese petróleo. Y ese proceso legal se seguirá».
De acuerdo a la funcionaria, el gobierno no permanecerá inactivo mientras barcos sancionados navegan con recursos del mercado negro que, según su versión, financian el narcoterrorismo.
Al ser consultado sobre el destino final de la carga, el presidente Donald Trump ofreció una respuesta más directa a los periodistas el miércoles pasado: «Lo conservaremos, supongo».
El historial del barco es una pieza clave en esta operación. Antes de llamarse Skipper, el buque fue identificado por el Departamento del Tesoro como Adisa. Las investigaciones de inteligencia lo vinculan a una red de contrabando operada por empresas fantasma asociadas a Viktor Artemov.
Según los reportes de sanciones de 2022, esta embarcación transportaba petróleo iraní con el fin de generar ingresos para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y para Hezbollah, eludiendo las restricciones internacionales.
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