EEUU rechaza liberar a Gregory Sanabria, expreso político venezolano

EEUU rechaza liberar a Gregory Sanabria, expreso político venezolano

Un juez de inmigración de EEUU rechazó darle libertad bajo fianza al joven Gregory Sanabria. Se trata de un expreso político en Venezuela y que migró a territorio norteamericano, donde tiene pendiente un caso de asilo.

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Gregory Sanabria, de 31 años, estuvo preso durante cuatro años en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su sede del Helicoide. Lo apresaron en el estado Táchira en 2014 hasta obtener una medida sustitutiva de libertad.

Durante su tiempo en prisión sufrió una agresión que le produjo una fisura en la cabeza, en el año 2018. Hubo una riña en El Helicoide entre los presos comunes y las personas privadas de libertad por razones políticas.

En el 2022 llegó vía frontera a Estados Unidos, y este año lo detuvieron el pasado mes de junio cuando acudió a su cita anual en el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en Houston. Desde entonces, lo enviaron a una cárcel de migrantes en Texas.

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Sus abogados solicitaron su liberación, en especial porque su petición de asilo y el tiempo que estuvo encarcelado en Venezuela, algo que denegó este 17 de julio un juez de migración estadounidense.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado mes de enero, su política de deportaciones masivas se ha afincado con los venezolanos, a quienes les retiró el parole humanitario y el Estatuto de Protección Temporal (TPS), lo que afecta a miles de connacionales.

Además, envió a 252 de ellos a una cárcel de El Salvador, denunciada por violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento no demostrado de que pertenecían a la banda criminal El Tren de Aragua.

Una vez que se radicó en Texas, donde viven varios de sus conocidos y antiguos compañeros de activismo estudiantil en contra del gobierno de Nicolás Maduro, Sanabria presentó una solicitud de asilo que aún sigue pendiente.

Su caso, señaló su abogado, es uno de los “más documentados de tortura que existe en Venezuela” y en su momento lo denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

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