Las autoridades de Chile han confirmado este lunes la detención de dos venezolanos sospechosos implicados en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, de 33 años. El hecho violento se registró el pasado miércoles, según reseñaron medios locales.
Palma recibió un disparo en su cabeza en pleno centro de Santiago. El crimen causó gran conmoción, y lo han calificado como un crimen «a sangre fría». Este es el tercer agente asesinado en las últimas tres semanas en ese país, reseñó El País.
La policía chilena ha localizado a los venezolanos Luis Alberto Lugo Machado, de 23, y a un sujeto que se presenta como Ovimarlixion Josué Garcés Briceño, de 18, ambos de nacionalidad venezolana.
BORIC ENDURECE MEDIDAS
Tras el asesinato el Gobierno de Gabriel Boric apuró medidas para combatir la delincuencia. Entre estas, la intervención de los 30 municipios con mayor número de homicidios, lo que generó una secuencia de reacciones políticas.
Durante el sepelio de Palma el pasado jueves, participó el presidente Boric y tres de sus antecesores: Sebastián Piñera, de derechas, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, ambos socialistas.
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La señal del Estado de Chile fue contundente en contra de la delincuencia y en favor del orden, la principal prioridad de la ciudadanía.
“No revierte el dolor, pero es satisfactorio el avance”, aseguró la mañana de este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, al confirmar las dos detenciones.
Lugo era intensamente buscado por la policía, que hizo pública su fotografía para dar con su paradero. De 23 años, el ciudadano venezolano había cambiado su apariencia para ocultarse: de acuerdo a las imágenes difundidas hoy por Carabineros, luce el pelo de color naranja.
EXTRANJEROS CON PRISIÓN PREVENTIVA
Tras el crimen del carabinero Palma, el Ministerio Público chileno anunció que los fiscales de la Región Metropolitana, la de Santiago de Chile, pedirán a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI).
De acuerdo a cifras oficiales, existen en Chile unos 150.000 indocumentados cuya identidad el Estado desconoce.
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