El gobierno venezolano, encargado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, activó un plan bajo el nuevo Estado de Conmoción Exterior, publicado en Gaceta Oficial, con fecha 3 de enero de 2026.
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En este sentido, este decreto, con la firma de Nicolás Maduro en funciones como presidente, declaran que «en razón de las circustancias de orden externos expresadas mediante la agresión armada del Gobierno de los EEUU contra el territorio nacional, que ponen gravemente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, así como de sus instituciones a fin de proceder a implementar las medidas que correspondan para proteger los derechos de la población y defender la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República».
Además, el decreto que tiene una vigencia de 90 días ordena a los organismos de seguridad la detención de cualquier persona que haya promovido o celebrado el ataque militar estadounidense que derivó en el derrocamiento de Nicolás Maduro.
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A su vez, este mismo ordena la movilización de la FANB a sectores estratégicos (petróleo, electricidad y agua) para el resguardamiento y protección bajo el control y justicia militar.
Aunque el decreto aparece firmado por Maduro con fecha 3 de enero 2026, el TSJ sentenció ese mismo día su «falta temporal» debido a su detención otorgando el mando a Delcy Rodríguez para garantizar la «continuidad del Estado».

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