El presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes una nueva ronda de medidas para limitar la circulación de las armas de fuego. Pero recordó que el Congreso debe imponer restricciones contra los tiroteos que se suceden año tras año.
En un tono sombrío, Biden se dirigió a la comunidad migrante de Monterey Park, en California. Y recordó a cada una de las 11 víctimas de la matanza cometida el 21 de enero durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.
Recordó por ejemplo a la abuela que cantaba karaoke, la profesora de baile de 72 años del Star Ballroom donde ocurrió la masacre, o la mujer a la que le gustaba jugar a las cartas y compartir verduras de su huerta con sus vecinos y amigos. Intentó así personalizar para que las víctimas no queden reducidas a estadísticas que no paran de aumentar.
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Cuando dio paso a Brandon Tsay, el joven de 26 años que logró desarmar al tirador antes de que abriera fuego en un segundo salón de baile, el público estalló en aplausos.
Después Biden instó al Congreso a asumir la responsabilidad y tomar medidas drásticas contra los rifles semiautomáticos de estilo militar, que se usan con mayor frecuencia en tiroteos masivos.
«Prohíban las armas de asalto. Háganlo ahora. ¡Basta ya! Hagan algo. Hagan algo grande», pidió Biden, entre vítores de unas 200 personas.
Pero él sabe que el Congreso está dividido, con un Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes bajo control de los republicanos. Estos últimos han rechazado durante décadas leyes más estrictas sobre la compra de armas.
La medida más importante de las promulgadas el martes es un decreto que endurece las normas sobre la verificación de antecedentes.
Las encuestas demuestran un apoyo popular abrumador a una regla general que requiere que se verifiquen los antecedentes penales de cualquier persona que compre un arma de fuego.
Los congresistas republicanos se oponen alegando que merma el derecho constitucional a poseer armas y que debería decidirlo cada estado en particular.
En la actualidad solo los comerciantes con licencia federal, responsables de menos de la mitad de las ventas de armas, deben realizar verificaciones de antecedentes en todo el país, aunque algunos estados han impuesto requisitos adicionales.
La medida de Biden ordena al fiscal general a tomar medidas drásticas contra los vendedores que incumplan los controles.
«Es solo sentido común: verificar si alguien es un delincuente o un maltratador doméstico antes de comprar un arma», dijo el presidente.
Según Biden el decreto u orden ejecutiva, que el presidente puede aplicar sin la aprobación del Congreso, también apretará las tuercas a los traficantes de armas.
Conducirá a un estudio independiente que exponga «cómo los fabricantes de armas comercializan agresivamente armas de fuego entre civiles, especialmente menores de edad, incluso mediante el uso de imágenes militares», afirmó.
El fiscal general también deberá publicar informes oficiales que nombran a los traficantes de armas de fuego que violan las leyes.
La táctica del nombre y la vergüenza ayudará a los congresistas a «tomar medidas enérgicas», estimó el presidente demócrata.
Según el recuento de Gun Violence Archive, 8.415 personas han muerto por armas de fuego en lo que va del año en Estados Unidos, más de la mitad de ellas por suicidio.
El sitio registró durante el mismo período 110 tiroteos que hirieron o mataron a por lo menos cuatro personas, sin incluir al tirador.
AFP.
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