El juicio que enfrenta Nicolás Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, ha entrado en fase crítica.
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El equipo de defensa privada de Maduro, ha solicitado retirarse del caso, dejando al exmandatario bajo representación de defensores públicos federales.
Esta situación se da después de que vencieran los plazos establecidos por el juez Alvin Hellerstein para resolver el financiamiento de la defensa. En medio de un conflicto sobre el uso de fondos venezolanos bloqueados por sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo a lo planteado ante el tribunal, la defensa encabezada por el abogado Barry Pollack no ha podido continuar debido a la imposibilidad de recibir honorarios.
El propio equipo legal de Maduro había advertido que sin acceso a recursos no era viable sostener la representación privada del exmandatario.
El juez inició formalmente el proceso para asignar defensores públicos federales (CJA), luego de que el tribunal concluyera que Maduro no cuenta con fondos personales legales disponibles en Estados Unidos para costear su defensa.
La decisión se tomó tras declaraciones bajo juramento en las que el propio acusado afirmó no disponer de recursos lícitos en territorio estadounidense.
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El caso también estuvo marcado por la postura de la OFAC, que a pesar de la solicitud del juez, se negó a autorizar el uso de activos venezolanos bloqueados para pagar honorarios legales, argumentando que esos recursos forman parte de sanciones vigentes y no pueden ser utilizados para ese fin.
El abogado Barry Pollack había advertido al tribunal que la revocatoria de permisos de pago afectaba directamente el derecho a la defensa de su cliente. En documentos presentados ante la corte sostuvo que la restricción financiera impedía garantizar una representación legal elegida por el acusado, lo que aceleró su eventual retiro del caso.
EL CASO DE MADURO AVANZA CON INVESTIGACIONES
Mientras se define la nueva representación legal, el expediente judicial avanza con otras líneas de investigación bajo estricta reserva.
Entre ellas se mantiene sellada la evaluación sobre la nacionalidad de origen de Maduro, elemento que el juez revisa de manera confidencial y que podría llevar el caso a avanzar sin protecciones diplomáticas.
La Fiscalía ha incorporado peritajes técnicos sobre el sistema electoral venezolano correspondientes al proceso del 28 de julio de 2024.
Estos informes buscan sustentar la tesis de irregularidades en los resultados, elemento que forma parte de la acusación central en el caso, y que de confirmarse podría hacer que la Fiscalía solicite cadena perpetua, argumentando que Maduro utilizó el poder de forma ilegítima para proteger operaciones de narcoterrorismo.
En Venezuela, el escenario político continúa desarrollándose bajo la narrativa oficial de que la ausencia de Maduro responde a una situación temporal. Lo que ha permitido la continuidad administrativa del ejecutivo bajo la conducción de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, sin que se haya convocado a elecciones.
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