Tras el reciente anuncio por parte de la compañía Telefónica sobre su salida de Venezuela, plantea un nuevo escenario para el futuro de Movistar Venezuela, una de las principales compañías de telecomunicaciones en el país.
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Aunque la matriz española no fijó un plazo para la venta, el proceso se debe regir por la ley y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La experiencia de otros países de Hispanoamérica (Ecuador y Uruguay) donde Telefónica ya ha vendido sus filiales, sugiere que Movistar Venezuela pasaría a manos de un nuevo operador. Ya sea internacional o un grupo inversor local.
En mercados como Uruguay y Ecuador, las filiales fueron compradas por Milicom (propietario de Tigo), un grupo con fuerte presencia en Latinoamérica.
Asimismo, expertos de esta área aclararon que, en la práctica, la venta no implica la desaparición inmediata de la marca ni la interrupción del servicio.
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En este sentido, la nueva compradora adquiere la infraestructura de red, la base de clientes y la licencia de operación.
Los abonados suelen experimentar una transición gradual, que puede incluir un cambio de marca comercial (por ejemplo, el nombre Movistar a otro) y en el mediano plazo, variaciones en la calidad del servicio o en la estrategia de precios.
LAS REGULACIONES DE CONATEL
En el caso de Venezuela, la venta de una operadora de esta magnitud requiere la autorización de Conatel, el ente regulador de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), la transferencia de habilitación administrativa y la conseción del espectro radioeléctrico a un tercero debe ser notificada y aprobada por el organismo.
Conatel tiene la potestad de evaluar si el nuevo operador cumple con las obligaciones de servicio universal, calidad de red y la legislación nacional.
Luego de que Telefónica informará sobre su salida de Venezuela, Conatel no ha emitido un comunicado oficial sobre la intención de venta de la filial venezolana.
Este silencio es clave, ya que la negociación y transferencia de activos no puede formalizarse sin aprobación del organismo regulador.
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