La organización no gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos denunció que condenaron a 16 años de prisión a seis dirigentes sindicales, acusados de asociación para delinquir y conspiración.
Reynaldo Cortés, Alonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillos, Gabriel Blanco y Emilio Negrín participaron en las protestas realizadas en 2022 en contra del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto).
De acuerdo con la ONG, el Tribunal Segundo de Terrorismo emitió la sentencia sin contar con suficientes pruebas. Las únicas evidencias que la Fiscalía presentó fueron unas capturas de pantalla y de Twitter.
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“La audiencia en donde la defensa de Coalición por los Derechos Humanos presentó sus conclusiones duró aproximadamente dos horas. La defensa demostró que no existen medios de pruebas que incriminan a los luchadores sociales”, precisó en su cuenta de Twitter el 1° de agosto.
“Una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta. Mi esposo y los cinco luchadores sociales han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el gobierno le dice. Ha recibido órdenes y las ha cumplido”, declaró Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, en un video compartido por el partido Bandera Roja.
UN AÑO INJUSTAMENTE DETENIDOS
En julio de 2022, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a los seis dirigentes que participaron en las protestas de los empleados del sector público ese mismo año.
Alcides Bracho estuvo detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Boleíta, y el resto de trabajadores en un centro de detención del mismo organismo policial ubicado en La Yaguara, según precisó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en una nota de prensa.
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