La implementación de medidas de seguridad para presos de alta peligrosidad debe equilibrar la necesidad de proteger a la sociedad y al personal penitenciario con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los reclusos. En Venezuela, como es norma general en todo el territorio nacional, no se cumple este ideario y mucho menos con un régimen que negocia con los pranes.
Dicho esto, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conocimos que la mayoría de los pranes que pactaron la toma pacífica de siete recintos penitenciarios se encuentran recluidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Distrito Capital. En este punto es muy importante destacar que este recinto policial no cuenta con las medidas de seguridad para resguardar a un grupo de reclusos que durante años aterrorizó a la población penal y civil, incluso extendiendo sus tentáculos a otros estados de Venezuela y países de Latinoamérica.
En ese sentido, también nos preguntamos: ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a qué cárceles enviarían al resto de los presos? Desde hace dos meses vemos con preocupación cómo miles de familiares lloran a sus seres queridos tras las rejas. No tuvieron otra opción que aceptar que fueran trasladados a otros estados, donde ni siquiera los pueden visitar porque no cuentan con los recursos económicos para costear los traslados, entre otros gastos provocados por el caos penitenciario.
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Según fuentes extraoficiales, entre los pranes presuntamente recluidos en La Yaguara se encuentra uno de los luceros del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón; uno de los pranes del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica en Maturín; el pran del Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como Puente Ayala en Anzoátegui; los pranes del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como Vista Hermosa en el estado Bolívar; el pran del Internado Judicial de Trujillo y su mano derecha; y el pran del Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, ubicado en Yaracuy.
Mientras tanto aún se desconoce el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el «Niño Guerrero» y sus secuaces, quienes además lideraban el Tren de Aragua, una de las bandas delictivas más grandes y peligrosas de las últimos años; así como también de Néstor Richardi Sequera Campos, alias «Richardi» o «El Papa», pran de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.
La PNB de La Yaguara no cumple con los estándares internacionales para presos de alta peligrosidad
Según los estándares internacionales, una cárcel de máxima seguridad es una instalación penitenciaria diseñada para albergar a reclusos considerados de alta peligrosidad y que pueden representar una amenaza significativa para la seguridad pública, así como para el personal de la prisión y otros reclusos. Estas cárceles están diseñadas con medidas de seguridad más estrictas en comparación con las instalaciones penitenciarias estándar, y aún más de los calabozos policiales que solo deben albergar detenidos durante 48 horas, según lo establecido en la CRBV.
En ese sentido, estos recintos deben contar con infraestructuras diseñadas para prevenir escapes y enfrentamientos violentos. Esto implica sistemas de seguridad electrónicos avanzados, paredes fortificadas y una disposición espacial que dificulte la movilidad no autorizada.
Además, el personal penitenciario debe recibir una formación exhaustiva en tácticas de seguridad y manejo de situaciones de emergencia. También es crucial que el personal esté bien supervisado y reciba apoyo psicológico para enfrentar el estrés asociado con el manejo de reclusos de alta peligrosidad.
Recordemos que los policías venezolanos están formados para la seguridad ciudadana y no para la atención de personas privadas de libertad; sin embargo, en todo el territorio nacional hay calabozos abarrotados de presos porque las cárceles fueron desocupadas y no han sido restauradas para redistribuir a la población penal.
De igual manera, se deben establecer protocolos claros y efectivos para situaciones de emergencia, como disturbios o intentos de fuga, así como también se deberían usar sistemas de monitoreo constante para evaluar la conducta de los reclusos.
Todo esto debe cumplirse no sin antes asegurarse de que las medidas de seguridad están en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, que incluyen el acceso a atención médica adecuada y la prohibición de tratos crueles e inhumanos.
Entonces, ministro Ceballos y ministra Bautista ¿creen ustedes que los calabozos policiales de la PNB de La Yaguara cumplen con estos requisitos para albergar a los pranes?
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