Una vez más se instaló la “revolución judicial” en calabozos policiales y se espera que también llegue a los centros penitenciarios del país. Dicho plan es coordinado por la Asamblea Nacional del 2021, quienes a través de equipos multidisciplinarios del poder judicial, visitan los centros de encarcelamiento.
El motivo para que se ejecute este tipo de planes, según declaran sus propios voceros, es para atacar el hacinamiento y el retardo judicial, problemas que son constantemente denunciados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Sin embargo, las condiciones para que los presos sean atendidos no han cambiado mucho. Entre las exigencias destaca que el privado de libertad debe renunciar a la defensa privada, lo que claramente atenta contra su derecho a la legítima defensa.
Además los familiares deben movilizarse apresuradamente de un lado a otro, para buscar documentos en tribunales porque en las cárceles no tienen los expedientes al día y mucho menos en los calabozos policiales. En todo momento reina la desinformación y la desesperación de los familiares.
Lo que ha quedado en evidencia, a través del monitoreo y seguimiento que realiza OVP, es que a pesar de que se han realizado distintos planes de “revolución judicial”, aún en los calabozos continúan personas que ya han sido sentenciadas y que incluso han cumplido sus penas.
También hay otros casos de presos que tienen más de tres años en un centro de detención por delitos graves, pero no son trasladados a un centro penitenciario.
En las cárceles continúan las quejas de que sólo hay revisiones para los delitos menos graves y que un grupo reducido de privados de libertad es tomado en cuenta para los estudios, redenciones y distintas fórmulas alternativas de beneficio. Esto deja de lado a aquellos que, aunque tienen delitos graves, tienen retrasos en sus procesos judiciales.
Los familiares de los privados de libertad también han denunciado al OVP que algunos funcionarios aprovechan estos operativos judiciales para cobrar en dólares, con la excusa de anotar al recluso en una lista y que sus causas sean revisadas.
Según revelaron los familiares, los costos pueden variar como monto mínimo entre 30 a 50 dólares, dependiendo del delito y de la región donde se encuentren. El traslado al penal también tiene precio, según afirmaron a OVP.
Cabe destacar que OVP no está en contra de los planes que se realicen para el descongestionamiento de las cárceles y atender el retardo judicial, pero es incomprensible que este plan se ha efectuado durante dos años consecutivos y aún hay presos con más de cinco años en los calabozos policiales.
Son estos presos quienes esperan por un traslado a las cárceles, donde podrán redimir sus penas, así como también están los que tienen más de tres años esperando el inicio de su juicio.
En paralelo a estos planes infructuosos del Estado, continúan los retrasos en los juicios y la suspensión de las audiencias. Los presos siguen sin ser trasladados a los tribunales y los familiares siguen pasando las de Caín para que su ser querido no sucumba ante la precariedad de un sistema penitenciario fallido.
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