Miles de venezolanos que residen en Colombia estaban a la espera de ser aceptados dentro del programa de Movilidad Segura de las organizaciones Acnur y OIM, para ser reubicados en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas, se han encontrado con un desalentador mensaje en sus bandejas de correo electrónico: esa iniciativa quedó inactiva.
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El programa de Movilidad Segura, es un esquema de cooperación internacional con la que esas dos organizaciones estudian los perfiles de alrededor de 150 mil personas. El objetivo es definir si cumplían los requisitos de ser aceptadas como migrantes regulares en Estados Unidos.
“Tras una decisión del gobierno de los Estados Unidos, la Iniciativa de Movilidad Segura ya no está activa. Por lo tanto, Acnur y OIM no pueden procesar su caso para reasentamiento o proporcionar información sobre otras vías de ingreso a los Estados Unidos, las cuales ya no están disponibles”, indica el mensaje que les llegó a sus correos. Además, invitan a esos ciudadanos a continuar sus procesos de integración social en Colombia.
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Es preciso destacar que miles de casos que estaban en estudio o a la espera de terminar sus trámites quedaron en el limbo, dejando a las personas que esperaban en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala varadas. Porque los estudios de sus documentos quedaron interrumpidos.
Esos desplazados internacionales quedaron en riesgo de caer en una situación migratoria irregular.
LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD SEGURA
La operación del programa Movilidad Segura venía presentando problemas desde el año pasado. Y si bien desde meses atrás se comentaba sobre su posible cierre, estos procesos de reasentamiento quedaron en el limbo justo semanas después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
La iniciativa de Movilidad Segura tiene oficinas en Bogotá, Cali y Medellín para que esta población hiciera sus trámites.
Algunos de estos casos que estaban dentro de esos folios argumentaban la necesidad de protección y otros estaban solicitando un traslado de país.
El proceso de regularización tomaba dos años y tenía a personas contratadas con recursos de cooperación internacional, quienes trabajaban desde Colombia para analizar sus perfiles.
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