El Gobierno de España se encuentra en preparación ante la posible llegada de un gran número de venezolanos deportados provenientes de Estados Unidos.
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Esta situación podría surgir tras las medidas tomadas por la administración Trump de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a aproximadamente 348.000 venezolanos residentes en el pais norteamericano.
Tras la medida anunciada el pasado 3 de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, la cual podría dar la deportación de miles de venezolanos a partir del mes de abril, se estima que esta circustancia daría paso a una crisis migratoria de gran envergadura, generando preocupación en varios países que serían el destino de los migrantes venezolanos, reseñó el diario El Español.
En este contexto, el mecanismo de protección temporal que España ha puesto en marcha es un recurso legal similar al que se aplica en Estados Unidos.
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Este mecanismo proporcionará a los beneficiarios un permiso de residencia de cáracter renovable anualmente, así como la autorización para trabajar legalmente en la nación española.
Sin embargo, la implementación de esta medida no es nueva en España, ya que fue utilizada por primera vez en el primer mandato del Gobierno de Pedro Sánchez, basándose en la legislación vigente establecida en el Real Decreto 1325/2003.
Este decreto, aprobado en su momento bajo la administración de José María Aznar, sienta las bases normativas para la concesión de «protección temporal en situaciones de flujo migratorio extraordinario».
Este marco legal ha permitido que España pueda responder de manera ágil y efectiva a crisis humanitarias y políticas que generan un aumento significativo de personas en busca de refugio como el caso de migrantes venezolanos.
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