El pleno del Congreso español decidió este martes 9 de abril tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de migrantes. Se trata de una medida extraordinaria de alrededor respecto a 500.000 migrantes, una propuesta respaldada con la firma de unos 612.000 ciudadanos.
La cámara baja aprobó iniciar el procedimiento por una amplia mayoría de 310 diputados, con 33 en contra. Votaron a favor la coalición de izquierdas que forma el gobierno, la oposición conservadora y pequeños partidos como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Únicamente se manifestó en contra el partido de extrema derecha Vox.
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Los grupos parlamentarios advirtieron, no obstante, que precisarán su posición sobre la cuestión de fondo en su momento, es decir, durante el correspondiente debate legislativo.
Promueven la iniciativa numerosas entidades sociales, con el apoyo de la Iglesia católica, entre otras entidades.
OPINIONES DIVIDIDAS
El Partido Socialista, el principal del gobierno, había confirmado que apoyaría que se tramitase la ILP para enmendarla después, sin detallar en qué sentido: “No vamos a jugar ni a la barra libre (de entrada de migrantes) ni al cierre de fronteras”, señaló su portavoz, Patxi López, en una comparecencia de prensa.
La diputada conservadora Sofía Acedo planteó grandes reservas sobre la iniciativa, desde cuestiones técnicas hasta un potencial efecto llamada de la inmigración irregular, pero indicó que su grupo no impediría su trámite.
La parlamentaria de Vox Rocío de Meer que también aludió a un potencial efecto llamada, relacionó migración irregular con inseguridad, algo que le reprocharon los socialistas como “discurso de odio”.
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