Más de 600 presos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) en el estado Mérida se declararon en huelga de hambre. Esto, en señal de protesta por la escasez de alimentos, maltratos hacia sus familiares, brotes de enfermedades y falta de asistencia médica.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue contactado por un grupo de reos, quienes denunciaron que la actual directiva del recinto penitenciario disminuyó el horario de visita, así como también cambió el lugar donde se recibían las visitas, quienes ahora no tienen acceso a sanitarios.
En ese sentido, los familiares deben esperar hasta terminar su horario de visita para salir del penal y poder hacer sus necesidades. Los perjudicados exponen que en su mayoría se trata de madres y abuelas, personas de la tercera edad, quienes no pueden postergar hacer sus necesidades.
De la misma forma denunciaron ante OVP que se han registrado visitas conyugales y estás supuestamente han sido grabadas por funcionarios del personal de custodia de CEPRA.
Es por estos motivos que los presos exigen derecho para sus familiares y piden dialogar con la directora del penal que se encuentra ausente.
La restricción de la visita de los familiares influye en que los presos reciben menos alimentos que les son provistos por sus madres, hermanas o esposas, los cuales son prácticamente su único sustento.
La comida que les dan en el penal es insuficiente y, al igual que en otros centros carcelarios, el menú del día es sopa de bollo o arroz sin ningún acompañante.
Asimismo aprovecharon la ocasión para informar que dentro del CEPRA existe un brote de enfermedades como hepatitis, dengue, entre otras, y no cuentan con asistencia médica por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.
Por otra parte, los familiares de los privados de libertad de Mérida manifestaron al equipo del OVP que, aunque se realizaron visitas con la Comisión de la Revolución Judicial, fueron pocos los casos revisados. Aseguraron además que continúan las malas prácticas e irregularidades en los procesos judiciales.
Aún hay privados de libertad con 3 y 7 años que no tienen una sentencia firme, otros a los que se le continúa difiriendo las audiencias y algunos que ni siquiera son trasladados a tribunales por lo que consideran que el retardo procesal continua.
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