La Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) de Corea del Sur, dio con la orden de detención contra el destituido presidente Yoon Suk-yeol, apartado del cargo por la decisión de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informó la agencia de noticias Yonhap.
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Al respecto, a finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.
Posteriormente, el 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC).
Esta solicitud fue presenta tras el fallido intento de arresto el pasado 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia del exmandatario surcoreano para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.
Asimismo, durante este hecho, miles de personas se reunieron frente a la residencia de Yoon para impedir su posible arresto. Yoon aprovechó ante este hecho, proclamar su intención de «luchar hasta el final» ante la inminente detención.
Luego, tres días después, el 5 de enero, la agencia Yonhap supo por el jefe del equipo encargado investigar el presunto golpe de Estado, donde Park Chong-jun, director del Servicio de Seguridad Presidencial surcoreano, habría ordenado disparar granadas aturdidoras y balas en ciertas condiciones, si no lograba resistir en una pelea física.
Choo denunció también que algunos ejecutivos de ese servicio además de guardar lealtad al presidente destituido, también siguen «ciegamente» al ex ministro de Defensa, Kim Yon-hyun.
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Asimismo, este 14 de enero, la 55 Brigada de Seguridad del Comando de Defensa del Ejército, quien se encarga de proteger el perímetro exterior de la residencia presidencial, advirtió que no obstaculizaría el acceso a la misma de los miembros de la OIC y la Oficina Nacional de Investigaciones para ejecutar una orden de arresto contra Yoon.
Esta decisión de los uniformados de abrir las puertas de la residencia oficial hizo mucho más fácil el segundo intento de ejecución designado para este 15 de enero.
Cabe resaltar que, anteriormente, el político ignoró varias citaciones para comparecer ante la justicia y ser interrogado en relación con los cargos.
Yoon todavía goza de inmunida contra investigaciones, aunque eso no afecta a los cargos de insurreción o de traición. A su vez, la defensa del mandatario destituido argumenta que la OIC no tiene autoridad legal para investigar los cargos de insurreción.
Asimismo, el expresidente sigue apartado del cargo desde que la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, votara el 14 de diciembre para destituirlo debido a la breve imposición de la ley marcial, revocada a las seis horas por presión del Parlamento.
Desde el 14 de diciembre, la Corte Constitucional tiene 180 días para decidir si aprueba la destitución definitiva o reinstaura al político en sus funciones.
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