La edición 2025 del Festival de Cine Venezolano se canceló. La organización del mismo lo informó en un comunicado.
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En el mismo, la organización aseguró que circunstancias «ajenas a su voluntad» obligaron a suspender la cita que se realizaría en Margarita. «Con profundo pesar, el equipo organizador del Festival del Cine Venezolano informa la suspensión de su edición número 21, correspondiente al presente año. Esta decisión ha sido tomada debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Que imposibilitan la realización del evento como estaba previsto en la Isla de Margarita del 1 al 5 de junio».
Igualmente, en el texto ofrecieron sus «más sinceras disculpas a los estudiantes, al gremio cinematográfico, a los medios de comunicación y a todos aquellos que han apoyado el Festival a lo largo de su historia. Entendemos la importancia de este evento para la comunidad y compartimos el sentimiento de decepción que esto pueda generar».
Anunciaron que aquellos participantes acreditados «recibirán el reembolso correspondiente, cumpliendo con los procedimientos que se anunciarán próximamente a través de nuestras redes sociales @fest.cinevenezolano. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión de todos aquellos que hacen posible este Festival y esperamos reencontrarnos en una futura edición», concluye.
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La suspensión ocurrió dos días después de que el bufete Raymond Aguiar diera a conocer una demanda. El despacho, en representación de la película Hotel Houffer, de Kevin Canache, actuó en contra de Karina Gómez Franco, presidenta del Festival. La misma incluye a la Fundación de las artes y la cultura.
De acuerdo a lo publicado en la cuenta de IG del bufete, «las acciones legales se fundamentan en presuntas irregularidades administrativas y financieras graves. Incluyendo fraude, estafa e incitación al odio, vinculadas a la organización y desarrollo del mencionado festival. Así como en posibles violaciones de leyes nacionales, que resguardan el patrimonio cultural y artístico de nuestra nación”.
Fueron notificados de esta demanda la Fiscalía, la Contraloría, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y el Ministerio de Cultura.
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