La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, presentó una moción ante una corte federal en Nueva York para solicitar que se le desestimen los cargos en su contra.
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De acuerdo con lo reseñado por medios estadounidenses, el argumento central de la petición es que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, habría interferido con su derecho constitucional a una defensa legal al bloquear los fondos destinados a cubrir los honorarios de los abogados de Flores.
Según los documentos judiciales, Flores pidió unirse formalmente a la moción presentada por el mismo Maduro, en la que se alegaba que las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos han impedido que el gobierno venezolano financie las defensas legales de ambos.
Lo que se precisó es que la solicitud fue introducida por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva a cabo el proceso por cargos de narcotráfico a la pareja venezolana.
LA LICENCIA MODIFICADA
El escrito detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, había autorizado inicialmente a un bufete estadounidense a recibir pagos provenientes del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de Flores.
Sin embargo, la licencia fue modificada abruptamente días después, eliminando la posibilidad de que Venezuela asumiera dichos costos, lo que dejó a la defensa en una situación de incertidumbre financiera.

Los abogados de Flores sostienen que esta decisión constituye una supuesta violación directa de sus derechos constitucionales, al impedirle contar con el abogado de su elección y limitar su capacidad de preparar una defensa adecuada.
Además, señalan que el bufete ya había adquirido compromisos financieros basados en la autorización inicial de OFAC, lo que agrava la situación.
NO POSEE RECURSOS
En dicho documento, Flores, al igual que Nicolás Maduro afirma que no posee recursos suficientes para costear su defensa, por lo que dependía del financiamiento del Estado venezolano.
La defensa advierte que, de mantenerse esta prohibición, podría generarse un escenario en el que los contribuyentes estadounidenses terminen financiado su representación legal mediante la asignación de un defensor público.
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Asimismo, los abogados también adelantaron que, si el tribunal rechaza la moción de desestimación solicitarán autorización para retirarse del caso, ya que consideran inviable continuar sin los recursos necesarios.
Hasta el momento, el tribunal aún no ha decidido si aceptará las mociones de desestimación o si permitirá que los abogados de Flores se retiren del proceso, dejando en suspenso el futuro judicial de la pareja.
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