Cientos de migrantes venezolanos permanecen varados en las calles de San José, Costa Rica, buscando la manera de subsistir y otros hacer el dinero para emprender el viaje de vuelta a su país por las últimas directrices que emitió Estados Unidos en temas migratorios con Venezuela.
La agencia EFE constató que muchos de los migrantes reciben alimentos, medicinas y ayudas de iglesias y de fundaciones, mientras que otros viajan en los buses que el gobierno costarricense ofreció para trasladarlos a la frontera con Panamá.
Al menos unos 3.800 migrantes venezolanos que se encontraban en un albergue en la capital panameña han retornado de forma voluntaria a su país en los últimos días en «vuelos humanitarios», informó el pasado sábado una fuente oficial.
La subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Saravia, declaró a los periodistas que la gran mayoría de estas personas han tramitado su regresó a Venezuela «por sus propios medios» económicos, y otros «mediante colaboración».
Saravia añadió que otro grupo de unos 300 migrantes venezolanos viajó el sábado de regreso a su país, en dos vuelos humanitarios.
La funcionaria destacó que se realizan coordinaciones con Costa Rica y Colombia con el fin de ejecutar acciones conjuntas entre los tres países desde sus direcciones de migración, para proteger a estas personas de su vulnerabilidad como migrantes y asistirlos en su retorno.
El pasado 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció la norma que indica que todo venezolano que entre a ese país, habiendo cruzado de manera irregular la frontera de México y de Panamá, será expulsado a territorio mexicano.
Además, los expulsados serán excluidos del programa mediante el cual Estados Unidos dará estatus legal por dos años a 24.000 venezolanos que lleguen en avión y con patrocinadores.
La peligrosa selva del Darién ha sido por décadas una ruta migratoria irregular utilizada por personas de todo el mundo que viajan hacia Estados Unidos, pese a los graves peligros que entraña por su entorno salvaje y por la presencia de grupos del crimen organizado.
La región ha sufrido varias crisis de migrantes irregulares: de cubanos entre 2015 y 2016; de haitianos en 2021 y este 2022 de venezolanos, todos huyendo de crisis en sus países y con la intención de llegar a Estados Unidos.
Panamá tiene estaciones de recepción migratoria en su fronteras con Colombia y Costa Rica, adonde lleva a los viajeros irregulares para tomar sus datos biométricos y ofrecerles servicios sanitarios y de alimentación, un operativo que ha consumido más de 50 millones de dólares desde 2020 según los datos oficiales.
En las ERM están «1.634 personas, de las cuales 1.123 son hombres, 230 mujeres, 149 niños y 139 niñas», indicó este viernes el comunicado oficial.
Migrantes irregulares venezolanos están llegando a un albergue temporal de la Embajada de Venezuela, en la capital panameña, para gestionar su retorno voluntario a su país, tras verse obligados a renunciar al «sueño americano» debido a las nuevas normas estadounidenses.
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