La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Mary Yuli González Pérez, concejal del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas. Esto, tras considerar que se encuentra en una situación grave y urgente de sufrir daño irreparable.
La solicitud, hecha por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en representación de la concejal, fue recibida por la CIDH. En virtud de que González Pérez fue blanco de constantes amenazas, hostigamientos y hechos de violencia por parte de grupos denominados «colectivos» en represalia por su actividad política de oposición.
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Asimismo, la concejal fue agredida en abril de 2023. Y nuevamente el 10 de mayo de 2023, cuando tuvo que esconderse en una iglesia; a la que incluso amenazaron con quemar con ella adentro si no salía. La policía tuvo que intervenir porque de lo contrario ocurriría una desgracia a manos de grupos adeptos al régimen.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2023, fue amenazada nuevamente tras ser identificada por una persona en una panadería.
SITUACIÓN DE GRAVEDAD Y URGENCIA
Según un comunicado emitido por la CIDH, tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas en la solicitud. La Comisión consideró que, «desde el estándar prima facie aplicable, la señora Mary Yuli González Pérez se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable».
En tanto, la Comisión solicitó a la República Bolivariana de Venezuela que:
a. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Mary Yuli González Pérez;
b. adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que la señora Mary Yuli González Pérez pueda continuar realizando sus actividades sociales y políticas, particularmente en ejercicio de su cargo como Concejal Lista Suplente al Concejo Municipal del Distrito Capital, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia;
c. concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Desde OVP exigimos el cumplimiento a cabalidad de dichas medidas cautelares, así como el cese inmediato de acciones de amedrentamiento, amenazas y violencia contra personas que opinan diferente al gobierno venezolano y trabajan día a día por el bienestar de todos los ciudadanos.
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