El Gobierno de Canadá anunció que decidió imponer nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. En este caso, se trata de figuras claves del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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La Ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, anunció este martes 17 de diciembre a través de un comunicado, que Canadá está imponiendo nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales.
Las sanciones van dirigidas a cinco altos funcionarios o ex altos funcionarios del gobierno venezolano. Los cuales «han participado en actividades que directa o indirectamente socavan la democracia» en Venezuela.
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Al respecto, el gobierno de Canadá aseguró que estos cinco individuos «han estado implicados en la declaración fraudulenta de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024».
Es preciso destacar que Canadá incluyó en la lista a las cinco personas siguientes en virtud de la normativa:
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
- Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral.
- Edward Miguel Briceño Cisneros, juez.
- Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal.
Las nuevas sanciones se alinean con las medidas adoptadas por los aliados de Canadá. Incluyendo Estados Unidos, a principios de este año.
«Las sanciones tratarán de añadir presión adicional sobre las autoridades de facto de Venezuela para que respeten la voluntad del pueblo venezolano. Las sanciones también pretenden disuadir a las autoridades de tomar nuevas medidas que violen los derechos humanos de manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil», indicaron.
Además, Canadá manifestó que sigue profundamente preocupada por «las actividades desestabilizadoras y antidemocráticas del gobierno de Maduro y la amenaza que suponen para los venezolanos y la región».
Canadá se mantiene firme en su compromiso con los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en Venezuela y en toda la región.
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