El Gobierno de Bolivia denunció este sábado ante la comunidad internacional la continuidad de una campaña de desestabilización promovida por el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores. La cual es dirigida contra el presidente, Luis Arce.
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El pronunciamiento llega luego de 20 días de bloqueos de rutas estratégicas, que han paralizado sectores económicos y suscitado tensiones en todo el país.
«El Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denuncia ante la comunidad internacional que la escalada desestabilizadora en contra del sistema democrático continúa. Pese a los esfuerzos y reiteradas convocatorias al diálogo realizadas por el presidente Luis Arce», señaló la cancillería en un comunicado.
De acuerdo con el documento, Evo Morales busca acortar el mandato de Arce y desacreditar al Gobierno boliviano, mientras presiona por su habilitación como candidato para las elecciones de 2025 y la cancelación de los procesos judiciales en su contra.
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En el pronunciamiento difundido por la cancillería da cuenta que el anuncio de un cuarto intermedio (pausa) en el bloqueo de rutas, que no se va a concretar, y su sustitución por una huelga de hambre impulsada por Morales «solo es un estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional».
BLOQUEOS Y ASALTOS
A la par de los bloqueos, el viernes se reportaron asaltos a tres unidades militares en la provincia de Chapare, departamento de Cochabamba (centro), que es la región bastión político de Morales, donde supuestos grupos irregulares tomaron como rehenes a más de 200 efectivos, apropiándose de armamento de guerra y municiones.
Entre los recintos afectados están el Regimiento «Cacique Juan Maraza», el Regimiento de Infantería RI-31 «Coronel Epifanio Ríos» y la Base Naval de Puerto Villarroel.
En respuesta, el Gobierno implementó un operativo de desalojo en el puente Parotani, que conecta Cochabamba con el occidente boliviano, lo cual permitió restablecer parcialmente el tránsito.
Sin embargo, el operativo se tornó violento, con manifestantes utilizando explosivos y dejando heridos una veintena de policías.
En total, 66 personas fueron detenidas y la cancillería advirtió que quienes participen en actos ilegales serán puestos a disposición del Órgano Judicial para enfrentar sanciones.
El presidente Arce y su Gobierno reiteraron su disposición al diálogo con todos los sectores sociales, siempre que cesen los bloqueos y la ciudadanía pueda retomar sus actividades normales
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