Una jueza federal bloqueó de forma temporal la orden de revocar el parole humanitario en Estados Unidos. En este sentido, dictaminó este lunes que, la administración de Trump no podía terminar categóricamente a finales de este mes las protecciones existentes contra la deportación para migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
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Este es el último revés legal en los esfuerzos del presidente Donald Trump por implementar de forma rápida cambios radicales en el sistema de inmigración.
Por su parte, La jueza del Distrito de EEUU, Indira Talwani, declaró que el gobierno estadounidense no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar acortar drásticamente el plazo de dos años para la finalización del programa.
«Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional» escribió Talwani, quien fue designada por el expresidente Barack Obama.
Además, agregó que «Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias».
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Talwani anuló esta decisión de Trump de cancelar el pasado 24 de abril los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a los migrantes, bajo el programa del Gobierno de Biden, conocido como permiso de permanencia temporal o CHNV (por la siglas de los países).
Asimismo, la jueza aseguró que dichas protecciones deben mantenerse hasta su vencimiento natural, el cual se puso en marcha en octubre de 2024 bajo la administración de Joe Biden, donde el gobierno federal ya no volvería a otorgar el parole humanitario bajo ese programa una vez que se venciera el plazo de dos años de los beneficios, incluyendo la autorización de trabajar.
Indira Talwani especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión de caso por caso.
En tal motivo, la demanda fue presentada por migrantes en libertad condicional y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes argumentaron que la suspensión abrupta del programa causaría daño a miles de personas en libertad condicional.
El gobierno defendió la pausa como un uso temporal y legal de la autoridad ejecutiva para una mayor verificación de seguridad e insistió en que el parole humanitario es una medida discrecional.
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