Tras meses de conflicto, Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028. La sesión presentó 9 horas de retraso y terminó colocándose la banda presidencial después de la medianoche.
El sociólogo, de 65 años, hizo su juramento en el Teatro Nacional, en donde manifestó su “profundo honor de asumir esta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir. Y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala».
El retraso se debió a un reclamo del partido de Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla, quienes fueron inhabilitados como grupo político en noviembre. Les obligaban a juramentarse como independientes en el Congreso, algo que los debilitaba al no permitirles ocupar puestos directivos ni comisiones.
Los diputados acudieron a la Corte Constitucional para recurrir la decisión, y un Congreso que debió juramentarse a las 8:00 a.m. Lo terminó haciendo a las 7:30 p.m., en donde Samuel Pérez, político de 31 años de Semilla, terminó siendo el Presidente del Congreso.
Los simpatizantes de Arévalo rodearon las inmediaciones del palacio legislativo, exigiendo el cumplimiento de la democracia, en donde se generaron algunos enfrentamientos con la policía.
Ante los constantes retrasos, la comunidad internacional brindó su apoyo al nuevo presidente, con los representantes de Colombia, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA enviando mensajes en respaldo al gobierno.
Otros, sin embargo, tuvieron que abandonar la sesión por la tardía hora, como el rey Felipe VI de España y el presidente chileno, Gabriel Boric, quienes no pudieron ver a Arévalo con la banda presidencial.
Desde su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en agosto, Bernardo Arévalo enfrentó las presiones de la oposición, quienes alegaron fraude en los resultados.
Una de las principales impulsoras del boicot fue la fiscal general, Consuelo Porras, a quién el presidente pedirá su dimisión esta misma semana.
Guatemala ocupa el puesto 30 de los países con más corrupción para la organización Transparencia Internacional, y con un índice de pobreza del 60%.
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