Venezuela califica de «hostil» renovación de sanciones por parte de la Unión Europea

La cancillería de Venezuela emitió un comunicado para «rechazar de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».

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En el texto, destacaron que «los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar».

Además, la cancillería precisó que «tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos».

SANCIONES A FUNCIONARIOS VENEZOLANOS HASTA 2027

Cabe resaltar que la Unión Europea extendió la sanciones contra funcionarios venezolanos por un año, hasta el 10 de enero de 2027.

De acuerdo con el comunicado de la UE, estas sanciones están en vigor desde noviembre de 2017, justificadas por:

• Las acciones continuas que minan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela
• Las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.
• El Consejo citó específicamente los desarrollos ocurridos durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como un factor clave en la decisión.

Además, 69 personas están en la «lista negra» de la Unión Europea, lo que implica la congelación de sus activos y la prohibición de la provisión de fondos o recursos económicos, ya sea de forma directa o indirecta.

Asimismo, reiteró que esta medida es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela. A su vez, afirmaron que no han adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano o su economía.

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