De acuerdo con un documento de Reuters, el llamado gobierno interino de Juan Guaidó dejó una deuda formal de al menos 20,7 millones de dólares a bufetes de abogados de Estados Unidos, que llevan litigios contra acreedores que buscan cobrar deudas por impagos de bonos y nacionalizaciones llevadas a cabo hace más de 15 años.
El interinato de Guaidó, el cuál fue destituido a finales de 2022, contrató ocho bufetes de abogados para gestionar litigios con empresas y tenedores de bonos.
De acuerdo con la información del documento, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, el parlamento opositor autorizó pagos de casi 30 millones de dólares a los abogados, pero aún no se les ha pagado 20,7 millones de dólares.
El documento también sostiene un informe del equipo de fiscales del gobierno interino, en el que los abogados afirman que de no seguir adelante con las demandas se arriesgarían a perder los activos en el extranjero.
Con esto se refieren a la concesión de derechos dada por algunos tribunales estadounidenses a los acreedores para negociar la venta de activos venezolanos en el extranjero con el fin de cobrar las deudas. Este es el caso de la refinería Citgo, filial de Pdvsa.
En respuesta a esta situación, los grupos de la oposición venezolana sostienen que el control de los activos en el extranjero no está en peligro, pese a la destitución del gobierno interino de Guaidó.
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