UCV rechazó sentencia del TSJ que multa a autoridades universitarias por exigir derogación del instructivo Onapre

 

El Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la cual emitió el pasado 11 de agosto, dónde declaró inadmisible la demanda hecha en el mes de julio contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

 

Además, esta sentencia del TSJ multó a varias universidades del país, entre ellas se encuentran:

 

La Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL); así como a las rectoras Cecilia García Arocha, de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Jessy Divo, de la Universidad de Carabobo (UC); Milena Bravo, de la Universidad de Oriente (UDO); y Rita Elena Añez, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO).

 

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“Las sanciones impuestas a miembros de la comunidad universitaria, es una afrenta a las universidades. Nos solidarizamos con los Rectores, Rectoras y asesores jurídicos y expresamos nuestro rechazo absoluto a tan injusta e inexplicable medida. Hacemos un llamado al TSJ para que revise las decisiones y atienda los derechos laborales con base en los acuerdos y conquistas alcanzadas por los distintos sectores, docentes, administrativos y obreros”, indica el comunicado de la UCV.

 

También, el comunicado agrega que “estamos en presencia, una vez más, de la judicialización de la actividad universitaria, la centralización administrativa y la toma decisiones por parte de los organismos del Estado sobre los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, por encima de la autonomía universitaria, la justicia social y el Estado de Derecho, definidos taxativamente en la Constitución Nacional”.

 

De acuerdo con la sentencia del TSJ, la multa impuesta está dirigida a los demandantes y sus representantes en el caso y es de 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), estimado a la presente fecha, y pagados a favor de la Tesorería Nacional o en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El comprobante del pago debe ser consignado directamente en el expediente.

 

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