Sometía a venezolanos a servidumbre forzada en Australia, ahora pagará con cárcel

Un hombre de nacionalidad colombiana que sometía a un grupo de venezolanos a servidumbre forzada, fue acusado el pasado 15 de noviembre ante un tribunal de Australia.

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La justicia australiana lo acusa de presuntamente someter al referido grupo de venezolanos a un “trato cruel, inhumano y degradante” bajo tareas de servidumbre.

Trascendió que el acusado, de 38 años de edad, compareció ante el Tribunal de Magistrados por los delitos de servidumbre por deudas agravado y trabajo forzado. Lo cual es castigado con penas de cárcel de hasta siete y veinte años, de acuerdo con el comunicado de la Policía Federal Australiana.

Estas investigaciones determinaron que el ciudadano colombiano mantenía vínculos con el grupo de venezolanos, cuyo número no fue precisado, y que los había ayudado a emigrar desde Venezuela hasta Australia en 2015.

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Según la Policía, luego de la llegada de los venezolanos a Australia, el acusado les quitó sus pasaportes y los sometió a un control estricto de sus movimientos. Además,  restringió sus actividades diarias y los obligó a hacer diversas tareas para pagar los gastos del viaje.

En las acusaciones también detallaron que el detenido controló los ingresos de los venezolanos. De igual manera, les impuso el pago de las deudas “de forma injustificada”. Además, los aisló de sus familias y amigos prohibiéndoles las comunicaciones.

CASO DE SERVIDUMBRE FORZADA

La Policía de Australia no reveló cómo empezaron a estudiar el caso, aunque se presume que fue por una denuncia de alguien cercano a las víctimas. Lo que sí revelaron las autoridades es que las investigaciones comenzaron a principios de 2024.

De acuerdo con las experticias, el colombiano encerró a algunos miembros del grupo dentro de la casa o en los armarios durante varios días.

La detective superintendente de la Policía Federal Australiana, Melinda Adam, señaló que los delincuentes de este tipo de delitos suelen beneficiarse o aprovecharse de las personas vulnerables que no pueden o no quieren denunciar las condiciones de explotación. Mayormente por miedo a las represalias, al aislamiento social y a la dependencia económica.

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