Más de 100 reclusos de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en La Morita del municipio Francisco Linares Alcántara, en Aragua, tomaron de rehenes a cuatro funcionarios. Entre ellos una femenina. El secuestro comenzó a las 9:00 de la mañana de este lunes 17 de julio, cuando se reportó la tensión dentro los calabozos.
De acuerdo a la información que se maneja hasta ahora, los custodios se encontraban realizando con conteo de presos, una actividad de rutina que se cumple a diario, cuando sorpresivamente los secuestraron.
De inmediato los reos sometieron a los funcionarios bajo amenazas de muerte hasta los dormitorios. Ahí los obligaron a sentarse en el suelo uno del lado del otro, amarrados de las manos, exigiendo la presencia de un fiscal para denunciar una serie de hechos. Posteriormente les cubrieron el rostro y colgaron en los grupos de WhatsApp un video, reseñó El Siglo.
Al parecer, los reos denuncian retardo procesal en las causas judiciales, exigiendo asimismo a los tribunales correspondientes celebridad en las audiencias y el traslado a otras celdas.
Pero además, se quejaron del mal trato que reciben a diario y la alimentación no es de buena calidad. Trascendió que viven en espacios no aptos para la población penitenciaria y en rechazo a eso, se vieron obligados a secuestrar a los cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para ejercer presión a quienes tienen la batuta del problema carcelario.
Al difundirse algunos audios, donde se señalaba que los reos tenían en su poder varias granadas y armas de fuego. Ante esa eventualidad, se produjo una fuerte movilización de los cuerpos policiales.
En el sitio, se presentaron funcionarios de la Policía de Aragua, Policía Municipal de Linares Alcántara y una comisión élite de la Policía Nacional Bolivariana. También funcionarios del Cuerpo deInvestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Posteriormente hizo acto de presencia un fiscal del Ministerio Público (MP).
Con la representación del Ministerio Público, se comenzó un diálogo con los reclusos para que depusieran de su actitud y buscar soluciones a los problemas que denunciaron.
Esta zona y los alrededores del calabozo de la PNB fue acordonada por medidas de seguridad en aras de evitar una posible fuga o cualquier otro hecho. La situación hasta la noche del lunes se mantuvo tranquila.
Es preciso destacar que ningún funcionario ofreció declaraciones a los periodistas. Y la información que se reseña, se dio a conocer de manera extraoficial. Hubo hermetismo de parte de las autoridades policiales.
La presencia de supuestos explosivos en los calabozos, encendió las alarmas. Aproximadamente a las 3:00 de la tarde hizo acto de presencia una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De esta manera, se unieron a los tres fiscales, uno de ellos el penitenciario y la representación del Gobierno de Aragua y del Gobierno central, así como también del Defensor del Pueblo en la comisión intermediaria para que liberen a los secuestrados.
A eso de las 5:00 de la tarde, el Defensor del Pueblo, abogado Fernando Martínez, dijo a los periodistas que no estaba autorizado para declarar y ante la insistencia de los periodistas sobre la situación del motín, agregó lo siguiente: “Estamos trabajando”, destacó El Siglo.
La identidad de los custodios secuestrados por los presos trascendió al final de la tarde. Primer oficial Rubén Rojas, oficial Saúl Quiñónez y el primer oficial Darwin Alvarado, mientras que el nombre de la ciudadana no fue revelado.
De manera extraoficial se conoció que al momento de realizar el conteo, los policías poseían el armamento de reglamento, mientras que los privados de libertad tenían granadas y un revólver.
De igual manera, se conoció que los reclusos exigían en primer lugar la presencia de un fiscal del Ministerio Público. En segundo lugar, el traslado inmediato de la población carcelaria, un total de 104, para el Centro de Reclusión Tocorón, situado en el municipio Ezequiel Zamora. Además, que un juez que revise todas las causas.
Ante las peticiones de los reos, el fiscal 11° a cargo de la doctora Verónica Ortega, en compañía del Defensor del Pueblo, Fernando Martínez, se presentó al centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana, situado en la parte posterior de la Unidad Educativa Virgen del Rosario, en La Morita, estado Aragua.
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