ES2001.TECOLUCA (EL SALVADOR) 31/01/2022- Fotografía cedida sin fechar por el gobierno de El Salvador en la que aparecen el presidente salvadoreño Nayib Bukele (i), el ministro de defensa, René Merino Monroy (i) y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas (2-i), en las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo inaugurado, en Tecoluca (El Salvador). El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes, sin permitir el acceso a la prensa, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tendría capacidad para 40.000 pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo. EFE/Gobierno de El Salvador/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, señaló este jueves en Twitter que «detrás» del traslado de «detenidos» a una nueva prisión, el gobierno de El Salvador «esconde negociaciones» con pandillas.
«Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder», publicó Taraciuk.
La directora interina apuntó que «más que imitar el modelo, la región debe preocuparse por sus consecuencias».
Por su parte, HRW publicó en la misma red social que «el traslado de miles de personas a una nueva mega prisión en El Salvador se produce tras las revelaciones que indican que el gobierno negoció beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral».
Elementos y autoridades de Seguridad de El Salvador trasladaron la madrugada del 24 de febrero a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Bukele.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su «profunda preocupación», dado que «la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos».
La construcción del recinto penitenciario también se dio en el contexto de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 y que ha sido ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días.
Hasta el momento, las autoridades reportan la captura de más de 62.900 supuestos pandilleros.
El gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción -implementado en una llamada «guerra» contra las pandillas- y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57 % en 2022.
EFE.
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