La revista ¡HOLA! ha solicitado al gigante WhatsApp censurar sus contenidos. Esto, tras la boda entre las ‘celebrities’ Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, en España. En enlace nupcial llevaba meses captando la atención de millones de personas. Y se convirtió en uno de los grandes eventos de la prensa rosa.
¡HOLA! tuvo los derechos exclusivos para difundir la boda y rentabilizar de manera eficaz dicha atención, pero al parecer WhatsApp y el formato PDF le han estropeado a la revista esa oportunidad.
La publicación había llegado a un acuerdo con la pareja Onieva-Falcó, pagando para ello una suma estimada en medio millón de euros, de acuerdo a Genbeta.
Sin embargo, la publicación se ha visto perjudicada por la masiva difusión no autorizada del contenido de su último número en PDF a través de WhatsApp antes de que muchos potenciales compradores tuvieran ocasión de adquirir la revista.
Lo que ahora ha desatado ahora una polémica sobre la protección de la propiedad intelectual en el ámbito editorial. Y es que la Asociación de Medios de la Información (AMI) ha emitido un comunicado oficial en el que carga las tintas contra Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, por su «inacción», y califica lo ocurrido como «la mayor acción de piratería de la historia de la prensa en nuestro país».
Por su parte, la propia revista describía así lo ocurrido:
«Aunque en los quioscos se ha agotado la primera edición y los responsables prometen otra para mañana, el especial de ¡HOLA! ha llegado a más gente de la que ha comprado la revista a través de la red social WhatsApp, propiedad de Meta, donde ha sido distribuido de forma masiva. Meta ignoraba así el legítimo derecho de la revista ¡HOLA! de hacer suyo el fruto de su trabajo».
La AMI ha expresado su solidaridad con ¡HOLA!, y ha exigido a Meta que tome medidas:
«La piratería de contenidos editoriales pone en peligro el trabajo de los periodista. AMI solicita a Meta un comportamiento responsable de forma que paralice de manera inmediata la distribución ilegítima de contenidos editoriales y ponga los medios necesarios para evitar que estas conductas se reproduzcan en el futuro».
La asociación ha querido recordar, igualmente, que «están cometiendo un delito tanto las personas que se descargan el contenido desde las fuentes de acceso legítimo y lo distribuyen por primera vez como aquellos que lo reciben y lo reenvían».
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