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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles 17 de mayo, la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Y al mismo tiempo solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
La decisión de Lasso es basada en un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada». Esta se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos. Una acusación que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en caso de tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y -cuando a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.
Al recurrir a este mecanismo, el presidente también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, en las que se puede presentar nuevamente como candidato, pero en las que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular.
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