La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será investigada junto al expresidente Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales del 2021, a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro, según anunció la Fiscalía.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, después de que el empresario contó a la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte en la pasada campaña electoral.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República mientras que Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia.
La Presidenta de Perú, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas».
«No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte», señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.
El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».
Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.
Mientras que Castillo es actualmente investigado, bajo prisión preventiva, por organización criminal y rebelión, Boluarte lo es por los fallecidos y heridos en las protestas sociales que sucedieron a su asunción al mando, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
El lunes, la mandataria tuvo que responder a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
EFE.
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