Plataforma Unitaria presentó hoja de ruta y pide "negociación política" para una transición
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo 12 de abril, una hoja de ruta para “alcanzar una transición democrática en Venezuela”.
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Este documento según se explicó desde la Plataforma Unitaria, es el resultado de un “debate profundo, amplio y largo” con su liderazgo y diversos sectores del país desde enero de este año.
La coalición presentó formalmente el documento en el que sostiene que en Venezuela aún «no existe una transición democrática debido a la ausencia de garantías institucionales, restricciones a libertades políticas y limitaciones en el ejercicio de derechos ciudadanos».
El texto plantea la necesidad de una «estrategia que combine movilización ciudadana, coordinación interna e internacional, y negociación política para crear condiciones de elecciones libres».
En este sentido, define la transición democrática como un «proceso político verificable destinado a restituir el orden constitucional y garantizar el derecho ciudadano a elegir libremente». También señala que su viabilidad depende de la existencia de «condiciones políticas, institucionales y sociales adecuadas».
La PUD describe una primera etapa de estabilización institucional, enfocada en la «restitución de garantías políticas, jurídicas y constitucionales, así como en el funcionamiento autónomo de las instituciones y el respeto al Estado de derecho».
Esta fase incluye la apertura de un «espacio cívico pleno que garantice libertades de expresión, asociación, manifestación, organización política, prensa y el funcionamiento independiente de la sociedad civil».
La organización política subraya que actúa como instancia de articulación para preservar la unidad opositora y dar coherencia a la interlocución política durante este proceso.
Entre las condiciones mínimas verificables, la PUD incluye la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la «persecución». También propone la reinstitucionalización del Estado, el funcionamiento independiente de los poderes públicos y el fin de la designación de autoridades como «mecanismo de cuotas partidistas».
Asimismo, plantea el «cese del uso del sistema judicial y administrativo como herramienta de persecución política», junto con la invitación permanente a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos.
En el ámbito electoral, propone la designación de un Consejo Nacional Electoral provisional independiente, con garantías de «transparencia, equilibrio y profesionalismo».
En materia de derechos políticos, la hoja de ruta exige el levantamiento de inhabilitaciones políticas, la restitución del derecho a elegir y ser elegido, y la devolución de tarjetas y símbolos a los partidos políticos en manos de sus autoridades legítimas.
También contempla el retorno seguro de exiliados y desplazados por razones políticas, con garantías de no persecución, represalias o judicialización, así como el reconocimiento pleno de sus derechos civiles y políticos.
La hoja de ruta incorpora una segunda etapa orientada a la «recuperación económica y la reconciliación nacional», con el objetivo de «reconstruir la confianza ciudadana, el tejido social y las condiciones de gobernabilidad democrática».
Posteriormente, plantea una fase de transición electoral cuyo resultado central sería la celebración de elecciones «libres, competitivas y reconocidas en todos los niveles del Estado, bajo condiciones institucionales restablecidas».
Finalmente, la PUD reconoce el rol de la comunidad internacional como acompañante y verificador del proceso, mediante seguimiento político, técnico y supervisión de los compromisos asumidos.
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