Abogados que representan a medio centenar de venezolanos que fueron enviados a ciegas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, Estados Unidos, por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidieron este domingo una investigación criminal al señalar que a los migrantes los engañaron con falsas promesas de que tendrían asesoría legal, educación y trabajo.
El grupo de ayuda Abogados por los Derechos Civiles (LCR, por su sigla en inglés), que ha entrevistado a los migrantes, solicitó este domingo formalmente investigaciones criminales a la fiscal federal Rachael Rollins y a la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.
Detalló que los venezolanos «fueron inducidos a abordar aviones y cruzar fronteras estatales con falsos pretextos».
Unos 50 venezolanos fueron transportados el miércoles a Martha’s Vineyard como parte de una ola de protestas de gobernadores republicanos, entre ellos también Greg Abbott, de Texas, que han estado enviando migrantes a jurisdicciones con gobiernos demócratas, e incluso a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, en Washington, como protesta por la política migratoria del presidente Joe Biden.
Según los abogados de los venezolanos, una vez que aterrizaron los aviones, las personas que los habían engañado «desaparecieron, dejando que los inmigrantes supieran que las ofertas de asistencia habían sido una artimaña para explotarlos con fines políticos».
Los migrantes contaron a los abogados de LCR que les habían prometido «oportunidades de trabajo, educación para sus hijos y asistencia de inmigración, para inducirlos a viajar».
El grupo pidió una investigación criminal a la Fiscalía «dada la naturaleza deliberada, intencional y concertada de la interferencia de los actores estatales en la aplicación de la ley federal de inmigración».
LCR además denunció que el personal, los voluntarios y los abogados pro bono de la organización han sufrido amenazas y acoso.
Los migrantes fueron trasladados voluntariamente el viernes pasado a la Base Conjunta de Cape Cod (JBCC), que está ubicada en el turístico Cape Cod, un cabo en la parte continental de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos.
El grupo legal se unió así a otros pedidos de investigación al departamento de Justicia, como el hecho el jueves pasado por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que solicitó investigar si con los envíos los gobernadores violan la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (Ley RICO), o incluso puedan enfrentar cargos de secuestro.
EFE.
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