PCV denuncia política de terror en sectores populares +Comunicado

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este martes que la cúpula del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ejecuta «una política de terror en los sectores populares del país». La cual es alimentada «con operaciones psicológicas y de propaganda», que tienen como objetivo «no solamente neutralizar las protestas populares sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista».

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El Secretario General del PCV, Oscar Figuera, así lo señaló tras las denuncias de centenares de detenciones arbitrarias que se han registrado en el país desde el pasado 28 de julio, cuando se realizaron las elecciones presidenciales.

«Defender la Constitución y el estado de derecho no es fascismo», puntualizó Figuera al rechazar el despliegue policial y militar en sectores populares «con claras violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».

«Hemos tenido noticias de desapariciones forzadas temporales; detenciones de adolescentes; requisas arbitrarias y humillantes en las calles; allanamientos ilegales a viviendas y robo de pertenencias; extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado», agregó el dirigente del PCV.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han contabilizado más de 20 asesinatos en el contexto de las protestas postelectorales y han documentados más de mil detenciones. No obstante, el propio Nicolás Maduro se ha referido a una cifra de 2000 detenidos.

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«Además de este despliegue de violencia, está la campaña de delaciones y ‘sapeo’ que promueven voceros alto gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros de trabajo en supuestos delitos conspirativos», añadió Figuera.

«También tenemos noticias de despidos de trabajadores por razones políticas tras las elecciones, detalló

El Buró Político del PCV rechazó, además, «las acusaciones infundadas y las amenazas» que el Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha hecho contra el candidato presidencial respaldado por las y los comunistas, Enrique Márquez y el dirigente Juan Barreto.

A esta amenaza abierta se suma el reciente intento de operadores políticos del Gobierno-PSUV de tratar de presentar al Secretario General del PCV, así como al dirigente de izquierda Rafael Uzcátegui, como supuestos «promotores de las guarimbas en Caracas».

Riesgo de violencia fratricida

Para el PCV «el llamado hecho en las últimas horas a sectores militares por parte de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para que tomen parte en esta compleja situación, es irresponsable».

«Estas provocaciones de Machado y González Urrutia, junto con la represión masiva que ejerce el Gobierno de Maduro, conducen vertiginosamente a un peligroso escenario de violencia generalizada», afirmó Figuera.

«Desde el PCV, convocamos a todas las fuerzas genuinamente democráticas, de izquierda y del campo popular a conjurar la vorágine de violencia fratricida promovida por los dos polos corresponsables de la catástrofe nacional».

«Hacemos un llamado a la solidaridad mutua en el seno de las comunidades y en los centros de trabajo para impedir que la campaña de de violencia que promueven los dos bandos de la burguesía, se imponga», agregó.

Abrir las cajas y contar los votos

El PCV reiteró que Nicolás Maduro «pretende reelegirse sin mostrar los resultados de las elecciones discriminados por mesa de votación».

Sobre el supuesto ataque cibernético, Figuera criticó que el poder electoral haya suspendido la auditoría de telecomunicaciones establecida, puesto que «hubiera arrojado luces sobre este asunto»; así como tampoco se ha realizado la auditoría de verificación fase II.

«Estas violaciones abiertas al cronograma electoral y al procedimiento de ley, acrecientan las dudas sobre los boletines presentados por el rector Elvis Amoroso», dijo.

«Aun si fuera cierto el ataque cibernético, la legislación establece los mecanismos a seguir para garantizar la transparencia en el escrutinio de los resultados. No obstante, a nueve días de las elecciones, estos mecanismos comienzan a perder eficacia y hoy es legítimo preguntarse si la cadena de custodia del material no ha sido comprometida», agregó Figuera.

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