Al menos cinco personas han muerto en el contexto de operaciones de fuerzas de seguridad en Venezuela desde julio de 2022, denunció el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien también destacó que continúan las detenciones arbitrarias y los ataques a periodistas en el país.
La oficina que dirige el alto comisionado austríaco ha recibido denuncias sobre otros posibles asesinatos vinculados a operaciones de seguridad, indicó en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El alto comisionado añadió que aunque se han abierto investigaciones sobre algunos de estos casos y otros anteriores, muchos de ellos siguen sin resolverse años después, y las audiencias judiciales son sistemáticamente pospuestas.
Türk también manifestó su preocupación por la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, “incluyendo personas que siguen detenidas después de que se hayan dictado órdenes de liberación, o individuos que permanecen bajo custodia antes de juicio una vez superados los límites legales”.
Por otro lado, “defensores de derechos humanos y periodistas continúan sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, señaló el alto comisionado, quien subrayó que seis líderes sindicalistas llevan detenidos nueve meses en el país bajo la acusación de conspiración y asociación criminal.
Türk subrayó en todo caso una mejora en la colaboración entre su oficina y el Gobierno de Nicolás Maduro, que se ejemplificó con su reciente visita a Venezuela en enero, donde se reunió con el propio presidente, con otros máximos líderes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con representantes de la sociedad civil.
Desde el establecimiento en 2019 del equipo de la oficina en Venezuela, éste ha podido visitar 60 centros de detención, indicó el alto comisionado, quien subrayó que “cada mes el equipo se reúne con más de cien miembros de la sociedad civil y con víctimas”, habiendo colaborado en la liberación de más de 300 detenidos.
Türk destacó además “esperanzadores signos de mejora económica” en Venezuela, aunque subrayó que la nación suramericana “continúa afrontando serios desafíos de derechos humanos en la esfera civil, política, económica y social”, y pidió el levantamiento de sanciones sectoriales contra el país.
En respuesta a la declaración del alto comisionado, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, aseguró que su país “toma nota de las preocupaciones expresadas”, aunque afirmó que el debate sobre su país en el Consejo de los Derechos Humanos está excesivamente politizado.
“Nos resulta muy triste que el alto comisionado se vea obligado a hablar sobre Venezuela amparado en una resolución que hemos rechazado firmemente como muestra de selectividad y politización”, destacó el diplomático.
Constant añadió que “no se puede hablar de los derechos humanos en Venezuela sin abordar el terrible impacto de las ilegales coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países que violan el derecho internacional”.
Esas más de 900 sanciones, afirmó, “han generado que hayamos dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares en los últimos nueve años”.
EFE
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