El Gobierno de Perú niega el aborto a una niña de 11 años embarazada por violación. La menor, además fue víctima durante por lo menos cuatro años de un agresor a quien denunciaron y nadie detuvo. Actualmente se encuentra en riesgo mientras el Estado le niega la posibilidad de interrumpir una gestación no apta para tan corta edad.
La historia de terror de Mila [seudónimo] ocurre apenas dos meses después de que el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños determinara que el Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de Camila, otra niña embarazada por violación a quien incluso procesaron penalmente por abortar.
El caso de Mila se registra en Iquitos, Perú. Y ha despertado la indignación de familiares, vecinos y organizaciones civiles que exigen justicia y acciones inmediatas. El 4 de agosto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto denegó el acceso de la niña al procedimiento de aborto terapéutico.
Al respecto, Susana Chávez, directora de Promsex, organización que representa a la madre, señala que se trata de una decisión arbitraria porque no considera la condición de muy alto riesgo del embarazo en una niña tan pequeña que podría derivar en daño grave o muerte.
“Dicen que el riesgo es leve pese a que tiene 11 años. Solo evalúan la salud mental y señalan que presenta ansiedad leve. Nunca colocan en la historia su edad, solo que es un gestante púber, una gestante muy joven. El médico declara que la niña quiere continuar con el embarazo, pero cuando se les pide evidencias no las dan”, sostiene.
No se está considerando, además, el contexto de violación perpetrada sistemáticamente por el padrastro contra la menor y otros miembros de la misma familia.
En este sentido, Hugo González, médico y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Perú, advierte que no solo se vulneran los derechos de Mila sino que se retrocede en el reconocimiento de que estas situaciones, tal como quedó evidenciado en el caso Camila, constituyen violencia por razones de género y un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante. En diálogo con este Diario, González recuerda que se aplica aborto terapéutico porque existe afectación física y psicológica de la menor.
La legislación peruana penaliza el aborto salvo cuando es terapéutico para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre.
“No es un embarazo voluntario, es un embarazo forzado derivado del abuso sexual. Más allá de las complicaciones mismas que puedan surgir relacionadas al cuerpo de una niña de 11 años con el desarrollo del embarazo, está la condición de salud mental, que tiene que ver con la afectación de un patrón del abuso. Estamos hablando de una niña de 11 años y por lo tanto debe haber una dimensión diferenciada de lo que es la aplicación [del aborto terapéutico] para una menor de esa edad”, dice.
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