Lo que se sabe de los venezolanos presos en «megacárcel» de El Salvador

Dos meses han pasado desde aquel 15 de marzo que constituyó un hecho nunca antes visto en el éxodo venezolano. 238 venezolanos fueron entregados por Estados Unidos al Gobierno de El Salvador para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.

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Desde esa fecha en adelante poca es la información oficial que existe sobre los detenidos. No hay una lista oficial con las identidades de estas personas y solo circularon nombres obtenidos por el medio estadounidense CBS News.

Los venezolanos fueron deportados por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, del año 1798, tras acusaciones de pertenecer a la banda criminal.

En la cárcel de máxima seguridad, que el gobierno salvadoreño muestra como símbolo de mano dura contra las pandillas, los presos están totalmente incomunicados.

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Al Cecot no hay acceso legal ni contacto virtual con los familiares. Pero tampoco hay explicaciones claras sobre las acusaciones, pues la mayoría de los familiares niega que existan pruebas para sostener la versión de vínculos con bandas criminales y argumentan que decenas de ellos fueron llevados a El Salvador bajo engaño o que son señalados solo por tener tatuajes.

ABOGADOS SIN ACCESO

El Estado venezolano contrató un bufete de abogados. Pero estos denuncian falta total de acceso y retrasos judiciales y exigen a Bukele abrir un canal de comunicación, presencial o virtual. Sobre el recurso de habeas corpus, introducido el 24 de marzo, tampoco han recibido notificación.

El exlegislador estadounidense Matt Gaetz visitó la cárcel de máxima seguridad el 9 de mayo y durante su recorrido con la representante republicana Anna Paulina Luna, los venezolanos detenidos gritaban “libertad”, “Venezuela” y hacían señas con las manos para pedir ayuda. Esta sería una de las evidencias de la reclusión de estos deportados.

Organismos internacionales como Human Rights Watch, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han alertado que el caso de estos venezolanos constituye una desaparición forzada tras la completa incertidumbre sobre su paradero.

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