Durante los últimos cuatro meses murieron seis privados de libertad, quienes eran oriundos del estado Mérida pero se encontraban recluidos lejos de su tierra natal. Cinco de ellos padecían tuberculosis.
Uno de los fallecidos sobrevivía en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como la cárcel de Puente Ayala, ubicado en el estado Anzoátegui; mientras que los otros cinco se encontraban en el Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado.
Los fallecidos por tuberculosis fueron identificados como Frangy José Marquin Márquez, Eduard Martín Becerra Gómez, José Ramón Pérez Fuentes, Jhoemir David Dávila Gil y Freddy Amable Carrero Márquez.
En tanto, Alexander José Medina Noguera murió a causa de un infarto.
Es de resaltar que estos internos fueron trasladados de su penal de origen en el año 2012 debido a un motín que se registró en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), en el estado Mérida. Fueron llevados a cárceles de Carabobo, Anzoátegui y la mayoría para el estado Bolívar.
Según los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), por esta causa fueron trasladados e imputados un total de 60 presos, de los cuales 5 permanecían entre Carabobo y Anzoátegui, y otros 55 en el estado Bolívar.
De igual manera, OVP conoció que para el año 2021 algunos de los internos tenían penas cumplidas, pero no salían en libertad porque estaban a la espera del juicio por el motín del CEPRA.
Dicho juicio demoró nueve largos años en concretarse y, según denunciaron sus familiares, los presos presuntamente involucrados eran discriminados sin traslados ni atención por parte de los tribunales.
Sin atención médica ni alimentación balanceada y consumiendo agua contaminada del río Cuyuní sobreviven los privados de libertad en la cárcel de El Dorado, por lo que este recinto es descrito por los mismos presos como un “depósito de humanos”.
Incluso aseguran que el consumo de agua contaminada les ha causado un sinfín de enfermedades, y algunos reclusos han fallecido hasta por una diarrea.
Los “foráneos”, como llaman a los presos de otros estados, reciben poca visita de sus familiares, quienes para trasladarse hasta la localidad gastan hasta 100 dólares.
Considerando que los familiares deben cruzar carreteras inseguras y en mal estado, e incluso atravesar un río caudaloso para llegar a esta cárcel, la mayoría de los presos foráneos terminan siendo abandonados.
En otro orden de ideas, hay que resaltar que el traslado de privados de libertad de un penal a otro es una medida que aplica el Ministerio de Servicio Penitenciario a modo de castigo cada vez que se registra un motín, una huelga o un alzamiento por parte de los internos.
Sin embargo, esta medida no solventa los problemas, sino que los traslada de un recinto a otro y agrava la situación del privado de libertad y de su familiar, quien debe invertir más dinero para trasladarse hacia otro lugar del país.
Asimismo se vulneran los derechos de los privados de libertad, quienes deben estar en su penal de origen para que de esta forma se les garantice un proceso judicial sin demoras.
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