La drástica medida de Trinidad y Tobago contra los migrantes venezolanos

Autoridades de Trinidad y Tobago decidieron endurecer su política contra migrantes venezolanos en ese país, según se conoció en las últimas horas. En tal sentido, redujeron drásticamente la entrega de permisos de trabajo.

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Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Seguridad Nacional, el número de autorizaciones cayó de 4.275 en 2024 a solo 757 en 2025. Lo que se traduce en una disminución del 82%, que refleja el deterioro de las relaciones bilaterales entre Puerto España y Caracas.

En este sentido, el referido Ministerio informó que solo se realizaron dos jornadas de entrega de permisos durante el año: una en marzo, con 480 documentos emitidos, y otra en junio, con 277.

Al mismo tiempo que los beneficiarios podrán laborar legalmente hasta diciembre de 2025, pero miles de venezolanos quedaron fuera del proceso.

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La decisión marca un retroceso frente a la política de acogida adoptada en 2019, cuando Trinidad y Tobago implementó el Marco de Registro de Migrantes, que permitió regularizar a más de 16.500 venezolanos.

En años posteriores, los migrantes venezolanos renovaron su estatus anualmente, aunque bajo un clima de creciente tensión social y denuncias de explotación laboral, xenofobia y deportaciones.

De acuerdo a organizaciones locales, la reducción de permisos ha dejado a numerosos migrantes en situación irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Además, la violencia contra esta comunidad sigue siendo una preocupación: desde 2020, 55 venezolanos han sido asesinados en el país, incluidos 10 casos de mujeres, varios de ellos vinculados a conflictos relacionados con el narcotráfico.

POR QUÉ SE AGRAVÓ LA CRISIS

La crisis se agravó la semana pasada, cuando trascendió un memorando del Ministerio de Seguridad Nacional que ordenaba deportaciones inmediatas de inmigrantes indocumentados detenidos.

Además, la medida provocó reacciones desde Venezuela, donde el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, acusó al gobierno de Trinidad y Tobago, de usar la migración como “pretexto político”. Al tiempo que alertó sobre un presunto “plan para expulsar mercenarios encubiertos”.

El abogado Criston J. Williams, representante de la firma Quantum Legal y defensor de migrantes, señaló que la irregularidad migratoria plantea “retos de seguridad”. Pero insistió en la necesidad de que las deportaciones se realicen “con transparencia y respeto a los derechos fundamentales”.

Mientras tanto, miles de venezolanos permanecen en un limbo legal en Trinidad y Tobago, sin acceso a empleo formal ni garantías de renovación de sus documentos, en medio de un escenario cada vez más tenso entre ambos gobiernos.

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