Jorge Arreaza habló de la ley contra el odio: «Hubo abuso de muchos cuerpos de seguridad»

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza planteó la necesidad de revisar a fondo el articulado de la «Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y Tolerancia».

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‎El parlamentario reconoció que, si bien la legislación ha protegido a sectores vulnerables, también ha registrado excesos en su aplicación por parte de los cuerpos de seguridad.

Arreaza enfatizó la urgencia de abrir un debate nacional inclusivo para adecuar la norma, según reseñó Unión Radio.

‎Con respecto al método para reformularla, el legislador fue enfático. «Tenemos que escuchar a todos», aseguró.

LOS PUNTOS CLAVE

• Reconocimiento de excesos: El diputado admitió fallas severas en la práctica policial. Calificó como «inconcebible» que funcionarios revisen los teléfonos celulares de los ciudadanos bajo el pretexto de buscar mensajes de odio, violando el derecho a la propiedad privada.
• Protección a las familias: Defendió el impacto positivo que ha tenido la ley en los sectores populares. Aseguró que muchas familias en los barrios de Venezuela, incluyendo parientes de víctimas de la violencia de 2017, testificaron que la norma salvó vidas y facilitó la actuación de la Fiscalía.
• Propósito de la reforma: Insistió en que la normativa debe transformarse en una herramienta que propicie la reconciliación y no la persecución, señalando que «debe ser ley para el reencuentro».

RUTA PARA LA REVISIÓN DEL ARTICULADO ‎

‎Para lograr una reforma equilibrada, Arreaza propuso discutir la posible reducción de las penalizaciones actuales y se comprometió a mantenerse «muy vigilante de la aplicación de cualquier legislación».

En este sentido, detalló los sectores indispensables que deben incorporarse al diálogo:

• Periodistas y comunicadores.
• Miembros de las fuerzas militares y de seguridad.
• Víctimas de la violencia política y social.
• Ciudadanos detenidos o procesados ​​por el envío de mensajes de texto o difusión de contenidos.
• Madres y familias que lograron proteger a los suyos gracias a la aplicación de la ley.

Esta discusión parlamentaria se produce formalmente tras la solicitud realizada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien remitió una misiva a la Asamblea Nacional para impulsar una reforma parcial orientada a la despenalización de ciertos tipos penales y corregir desviaciones institucionales.

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