El dirigente opositor Juan Guaidó aseguró este sábado que el oro venezolano en depositado en Inglaterra «seguirá resguardado». La intención -según el exdiputado- es mantenerlo «lejos» de la «dictadura», en alusión al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Proteger los activos, como el oro que seguirá resguardado en Inglaterra, es clave para el futuro de Venezuela, manteniéndolos lejos de una dictadura que saqueó a la nación y utilizó los recursos del país para financiar la corrupción y la represión.
¡El oro es de los venezolanos! pic.twitter.com/pEJcw2PzBf
— Juan Guaidó (@jguaido) August 13, 2022
«Proteger los activos, como el oro, que seguirá resguardado en Inglaterra, es clave para el futuro de Venezuela, manteniéndolos lejos de una dictadura que saqueó a la nación y utilizó los recursos del país para financiar la corrupción y la represión», escribió Guaidó en su Twitter.
TRIBUNAL FALLÓ A FAVOR DE GUAIDÓ
El Tribunal Superior de Londres falló el pasado 29 de julio; a favor de una junta paralela del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó en el caso del oro.
Luego un juicio de cuatro días, la jueza Sara Cockerill, de la división Comercial; consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo.
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De esta manera, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela. Y por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, en base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.
La decisión del Tribunal, celebrada por Guaidó, fue calificada como «insólita» por el Ejecutivo venezolano; por lo que hicieron un llamado al Gobierno británico a «rectificar» y «no seguir con esta payasada de pretender» que el antichavista es presidente del país.
El BCV, por su parte, vio «sumamente grave que la política exterior británica, que, en este caso directamente, amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros Estados».
