Gobierno de Maduro acusa a EEUU de "robo descarado" de un buque petrolero
El Gobierno de Maduro elevó su protesta ante Washington tras la incautación de un buque petrolero en aguas próximas a Venezuela. Por lo que acusó a Estados Unidos de actuar fuera de la legalidad internacional.
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La administración venezolana calificó la medida como una acción hostil que, según afirma, forma parte de una estrategia sostenida de presión económica.
En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, sostiene que el operativo estadounidense responde a un interés histórico por controlar recursos energéticos venezolanos.
El Gobierno insiste en que este episodio confirma, en su criterio, la intención de apropiarse de bienes nacionales, comparándolo con el litigio y posterior pérdida del control de Citgo, que Venezuela interpreta como una apropiación indebida facilitada por decisiones judiciales en el exterior.
El pronunciamiento oficial también vincula el suceso con un contexto global de movilización social, asegurando que diversos países cuestionan prácticas asociadas al poder estadounidense.
En ese marco, el Ejecutivo venezolano resaltó las manifestaciones recientes dentro del país como una expresión de respaldo a su postura frente a la disputa con Washington.
Para el Gobierno de Maduro, la incautación del buque no solo profundiza la confrontación bilateral, sino que demuestra, según su evaluación, que los verdaderos intereses detrás de las tensiones son económicos y energéticos, y no asuntos vinculados a democracia, derechos humanos o migración.
El comunicado también incluye una referencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrada en Oslo, interpretando la acción estadounidense como una maniobra para desviar la atención de un evento que Caracas considera parte de una campaña política internacional contra su administración.
Ante este escenario, Venezuela llamó a su población a mantener una postura de defensa nacional y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que describe como un precedente peligroso en materia de confiscación de activos.
El Ejecutivo anunció que llevará el caso a organismos multilaterales con el objetivo de denunciar lo que considera una vulneración de su soberanía y de sus derechos sobre bienes estratégicos.
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