Las exigencias del Bloque Constitucional de Venezuela tras devastadores terremotos

El Bloque Constitucional de Venezuela manifestó su profunda preocupación ante los devastadores terremotos que han azotaron al país el pasado 24 de junio.

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La organización —que agrupa a destacados magistrados, académicos, profesores universitarios y a los representantes de los Colegios de Abogados de toda la geografía nacional— denunció formalmente que la emergencia ha dejado al descubierto una alarmante «falta de racionalidad técnica, sustantiva y teleológica» por parte de las instituciones del Estado para prevenir, responder y socorrer adecuadamente a los ciudadanos damnificados.

Desde el punto de vista del orden constitucional, el Bloque cuestionó que el Ejecutivo no haya decretado formalmente el Estado de Alarma bajo el amparo del artículo 338 de la Constitución de 1999, que es el mecanismo idóneo para regular los límites del poder público y proteger los derechos fundamentales frente a calamidades de esta magnitud. En su lugar, criticaron que se haya optado por decretos puramente técnicos y de carácter secundario en el marco de la Ley de Protección Civil.

EXHORTO URGENTE: ALIVIO TRIBUTARIO, SANITARIO Y PROCESAL

La paralización económica de las regiones afectadas y el colapso material impiden que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones ordinarias, mientras que las víctimas enfrentan cuantiosas deudas hospitalarias y se interrumpe la defensa legal de miles de litigantes.

En respuesta a esta crisis, el Bloque Constitucional exige de manera perentoria un paquete integral de medidas:

• Alivio Fiscal Inmediato: Exigen a las administraciones tributarias de nivel nacional, estadal y municipal aplicar planes de prórrogas generales para declaraciones y pagos en zonas afectadas; anular penalidades o intereses de mora; suspender temporalmente las fiscalizaciones de rutina, los plazos procesales y el cobro ejecutivo; y decretar exenciones del IVA y aranceles a toda importación de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.
• Asistencia Sanitaria Directa: Solicitan de inmediato la activación de programas temporales de ayuda económica, avales sanitarios y créditos de emergencia para las personas afectadas que están reportando serias dificultades financieras para cubrir los servicios médicos críticos tras los terremotos.
• Garantía y Tutela Judicial: Ante el fallecimiento, desaparición o damnificación de numerosos abogados, demandantes y defensores, demandan que se ordene suspender preventivamente las causas judiciales activas en las regiones afectadas y establecer la obligación ineludible de notificar a las partes antes de reanudar cualquier juicio ordinario, impidiendo la indefensión o la pérdida injusta de derechos.

Este pronunciamiento cuenta con el respaldo unánime de su Coordinación Nacional, integrada por destacados expertos como Cecilia Sosa Gómez, Rubén Pérez Silva, Blanca Rosa Mármol de León, Pedro Rondón Haaz y René Molina Galicia, además de los presidentes de las federaciones y colegios de abogados de los 24 estados del país y de sus capítulos internacionales en España y Chile.